Garantía económica y medidas restrictivas contra red criminal desmantelada en Bonao
SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal dedicada al fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El caso, declarado complejo por el juez Rigoberto Sena, cuenta con un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.
La audiencia se celebró en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se establecieron garantías económicas de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, presunto cabecilla y propietario de Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.
También se impusieron montos de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada; RD$500,000 a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias; RD$200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares; y RD$150,000 a Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).
MP presentó pruebas clave del esquema delictivo bancario
El Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal y la fiscal Gabriela Gómez Garrido, presentó cerca de 100 elementos de prueba que acreditan la participación de los imputados, detallando la estructura de la red, su modus operandi y los resultados fraudulentos.
La investigación se originó tras denuncias de clientes de una entidad bancaria nacional, que permitieron detectar accesos no autorizados a perfiles de usuarios y transferencias ilícitas a cuentas controladas por los implicados, quienes luego retiraban los fondos en cajeros automáticos y ventanillas bancarias.
Durante el operativo, coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se realizaron 34 allanamientos simultáneos, con participación de 40 fiscales y más de 200 agentes de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
En estos allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias claves.
Evidencias revelan alcance de red dedicada al fraude y lavado de activos
Las pesquisas permitieron descubrir cómo los implicados sustraían información confidencial, realizaban transferencias fraudulentas y adquirían bienes con los fondos ilícitos. Durante los allanamientos se ocuparon sustancias controladas, vehículos y varios inmuebles que habrían sido comprados con dinero proveniente del fraude.
El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal, además de los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que inicialmente había solicitado prisión preventiva para garantizar la integridad del proceso y evitar la fuga de los implicados. La investigación continúa abierta para identificar a otros posibles miembros de esta red que ha afectado gravemente el sistema financiero nacional.
