Organizaciones señalan que el dictamen crea bases para procesos legales internacionales contra el Estado
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) afirmaron que el reciente dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) obligaría al Estado dominicano a cerrar la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que opera con carbón mineral.
El pronunciamiento de la Corte, emitido en respuesta a una solicitud de consulta de Colombia y Chile, establece la obligación de los Estados de garantizar un clima sano, derecho humano reconocido por la ONU y la Constitución dominicana.
Las entidades denunciaron que Punta Catalina viola el derecho a un ambiente y clima sanos de los habitantes de Peravia, del país, e incluso de naciones vecinas como Haití, Cuba y Jamaica, al emitir gases ácidos, micropartículas y toneladas de cenizas de carbón a la intemperie que contaminan aire, agua y cultivos, así como verter aguas residuales sin tratamiento adecuado.
Las organizaciones destacaron que la planta es la mayor fuente individual de emisiones de dióxido de carbono en el país, responsable de más del 14% de los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por República Dominicana, lo que contribuye significativamente al calentamiento global y al cambio climático. “La propia gerencia de Punta Catalina reconoció que en 2023 emitió más de 4 millones de toneladas de CO₂ al año”, precisaron.
Según CNLCC e INSAPROMA, mantener en funcionamiento la central supondría una violación flagrante de los derechos reconocidos en el dictamen de la Corte IDH, abriendo la posibilidad de litigios internacionales por delito ambiental transfronterizo.
El fallo ordena a las autoridades a dialogar
El fallo también ordena a las autoridades dialogar con los afectados, reconocer los daños causados y compensarlos proporcionalmente, además de garantizar el derecho de acceso a la justicia para las comunidades impactadas.
Los colectivos aseguraron que la resolución fortalece el recurso de amparo de cumplimiento que sometieron contra el presidente de la República y varios ministros, por incumplir normas ambientales y climáticas consagradas en la Constitución y leyes dominicanas, recurso que será conocido el próximo jueves 24 de julio por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
A su vez, subrayaron que la decisión de la Corte IDH refuerza la obligación del Estado de reducir las emisiones de gases contaminantes, sustituir fósiles por energías renovables e incentivar su uso, compromisos que, según denunciaron, han sido sistemáticamente ignorados por las autoridades.
Las organizaciones expresaron que esperan que el TSA aplique el dictamen de la Corte IDH en el amparo interpuesto, para garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas climáticas y ambientales como parte integral de los derechos humanos, y cerrar la puerta a la discrecionalidad y la impunidad en materia de política ambiental.
