Hallazgo en ciudad Juárez expone crisis forense y desigualdad persistente
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó este viernes su profunda alarma tras el hallazgo de 383 cadáveres hacinados en un crematorio de Ciudad Juárez, al norte de México, e instó a las autoridades mexicanas a cumplir su obligación internacional de proteger y respetar a los muertos, lo que incluye una investigación exhaustiva de toda muerte potencialmente ilícita.
En un comunicado oficial, el organismo reafirmó su solidaridad con las familias de las víctimas y llamó a que las investigaciones se realicen de manera eficaz, independiente e imparcial, tal como estipulan los estándares del relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales.
El documento enfatiza que los restos deben ser tratados “con dignidad y respeto”, garantizando los derechos tanto de los fallecidos como de sus familiares.
La ONU subrayó que el deber de proteger a los muertos forma parte esencial de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura o tratos crueles e inhumanos y a la protección contra la desaparición forzada.
En ese sentido, el relator Morris Tidball Binz insistió en la necesidad de elaborar principios rectores que salvaguarden los derechos de los muertos desde un enfoque de derechos humanos.
El informe del ACNUDH advierte además que persisten graves carencias en el sistema forense mexicano, como la escasez de peritos especializados, falta de recursos científicos, infraestructuras inadecuadas y directrices poco claras para la identificación de cuerpos no reclamados.
Estas deficiencias, recalca, obstaculizan el derecho de las familias a la verdad, justicia y reparación, especialmente en un país donde las desapariciones han aumentado un 28 % en el último año, superando las 129.000 personas desaparecidas registradas en mayo.
El relator Tidball Binz denunció además que “muchas desigualdades e injusticias que afectan en vida persisten en la muerte”, lo que agrava la vulnerabilidad de grupos minoritarios, pueblos indígenas, indigentes y cadáveres no identificados, afectados por un sistema que no asegura el respeto a sus restos.
Entre sus recomendaciones, propuso armonizar la protección de los muertos con el Derecho Internacional, establecer medidas nacionales claras para garantizar un manejo digno de los restos y asegurar que toda muerte potencialmente ilícita sea investigada a fondo.
“La dignidad de la persona y el respeto a sus restos no se extinguen con la muerte”, concluye el informe, recordando que el deber del Estado de proteger eficazmente a los fallecidos es una obligación esencial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y resulta cada vez más relevante ante el aumento de desapariciones y muertes no esclarecidas en México. Con datos de Europa Press.
