La capacitación política no es un gasto más dentro de la estructura partidaria.
Recientemente, la Junta Central Electoral (JCE) emitió la Resolución 16-2025, que distribuye RD$750 millones como financiamiento público para los partidos políticos durante la segunda mitad del año 2025. De esta suma, el 10%, es decir, RD$75 millones, debe destinarse exclusivamente a programas de educación, formación y capacitación política.
Este mandato está claramente establecido en el artículo 38 de la Ley núm. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que dispone que los partidos deben especializar no menos del diez por ciento (10%) de los recursos que reciben del Estado para estos fines, orientando preferiblemente los programas a mujeres y jóvenes, con el propósito de incentivar una participación política consciente y responsable. Cabe destacar que esta disposición no es obligatoria en años de elecciones generales.
La capacitación política no es un gasto más dentro de la estructura partidaria, sino una inversión estratégica que fortalece la democracia al preparar líderes comprometidos, fomentar la inclusión y promover una ciudadanía activa y crítica. Es vital que los partidos asuman este compromiso con seriedad y responsabilidad, para que el financiamiento público se traduzca en formación real y efectiva.
La Junta Central Electoral debe supervisar rigurosamente el uso de estos recursos y exigir a los partidos informes transparentes y verificables sobre la ejecución de sus programas de capacitación. Solo así se garantizará que los fondos públicos cumplan su objetivo y contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática en nuestro país.
La educación política es la base para construir una sociedad más participativa y justa. Por eso, respetar y cumplir el artículo 38 no es solo un mandato legal, sino un compromiso con el futuro de la democracia dominicana.
El autor es abogado. Máster en derecho electoral y presidente de FUJUDEL [email protected]
