Fundación denuncia pliego con requisitos contradictorios y desproporcionados pliego de condiciones en el intrant
SANTO DOMINGO, RD.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) solicitó formalmente a la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) la anulación del pliego de condiciones de la licitación pública nacional INTRANT-CCC-LPN-2025-001, relativa a la gestión y manejo de las licencias de conducir, al considerar que el documento vulnera derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y el reglamento 423-16.
Según la FJT, el pliego contiene requisitos desproporcionados y contradictorios, como la exigencia de una facturación mínima anual durante cinco años, mientras que los estados financieros solicitados cubren solo tres.
La entidad explica que dicha incongruencia genera incertidumbre jurídica y podría excluir injustamente a potenciales oferentes.
Exigen revisión profunda del pliego para garantizar equidad
La fundación también cuestiona la obligación establecida en el pliego de que los oferentes constituyan consorcios con los fabricantes de impresoras, plásticos y demás insumos para la elaboración de las licencias.
Según explicó Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la FJT, si los participantes no presentan un certificado de acuerdo con los fabricantes de tarjetas de policarbonato y de impresoras láser, perderían cinco puntos por cada rubro, lo que podría significar una desventaja de hasta diez puntos y limitar severamente la competencia.
“El requerimiento de formar consorcios con fabricantes es una imposición que atenta contra los principios de igualdad, libertad de empresa y libre competencia, además de vulnerar los derechos de los oferentes”, señaló Calzado Reyes, quien pidió la suspensión inmediata y una revisión exhaustiva del pliego por parte de la DGCP.
Alertan sobre millonario contrato y piden atención de veeduría
La FJT recordó que el pasado 10 de junio de 2025, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la DGCP instalaron la Comisión de Veeduría de la Sociedad Civil, responsable de supervisar la transparencia del proceso de licitación.
En ese sentido, la fundación instó a sus miembros a ponderar las inquietudes planteadas, especialmente considerando que la licitación involucra un contrato estimado en RD$8,175 millones, monto que calificaron como “astronómico y millonario”.
La organización advirtió que, de no atenderse estas observaciones, el proceso podría derivar en una licitación que favorezca la concentración de oportunidades en un grupo reducido, cerrando la competencia real y atentando contra los principios de pluralidad y transparencia.
Finalmente, la FJT reiteró su disposición a acudir a instancias sociales, administrativas o judiciales para garantizar que el proceso se realice con la mayor claridad, participación y legalidad posibles, destacando que varios oferentes han formalizado sus preocupaciones mediante actos de alguacil, lo que evidencia la gravedad de la situación.
