Estan acusados de violación múltiple documentada en videos recuperados
SANTO DOMINGO.-La Fiscalía de Zaragoza ha solicitado una de las penas más altas en los últimos años al reclamar 115 años de prisión para siete integrantes de la banda Dominican Don’t Play (DDP), acusados de participar en la violación múltiple de una joven de 20 años, retenida durante dos días consecutivos en junio de 2020.
El caso emergió a la luz pública un año después, cuando agentes de la Brigada de Información registraron un piso en la calle Antonio Maura, en el barrio San José de Zaragoza, como parte de una operación contra la mencionada banda.
En el inmueble, los investigadores encontraron dispositivos con 16 grabaciones explícitas que documentaban los abusos cometidos contra la víctima.
Acusados enfrentan cargos graves por agresión y lesiones
Los procesados, identificados como Enock A. M., Jesús P. E., Juan Estibel F. C., Miguel Santiago L. V., Mustapha K. A., Pablo Andrés S. M. y Steven Guarionex V. M., enfrentan cargos de agresión sexual continuada y lesiones, para quienes el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel por violación y 1,5 años adicionales por lesiones, sumando un total de 16,5 años de condena para cada uno.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama medidas complementarias: la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima por 16 años, libertad vigilada durante ocho años tras cumplir condena e indemnización conjunta de 50.000 euros, tras confirmarse que la joven sufrió un brote psicótico al ser liberada de su cautiverio.
Investigación reveló violencia extrema y pruebas contundentes
El procedimiento judicial está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, el mismo que lideró la ‘Operación Sanjo’ entre marzo y mayo de 2021, durante la cual la Policía Nacional detuvo a 24 presuntos miembros de los DDP, incluidos ocho menores de edad vinculados a esta organización criminal.
La defensa, encabezada por la letrada Marina Ons, se enfrenta a la fuerza de las pruebas audiovisuales y a la gravedad de los hechos relatados por la víctima y constatados en los dispositivos incautados.
La Fiscalía insiste en que la violencia ejercida, la prolongación del cautiverio y la existencia de videos que prueban los abusos impiden cualquier posibilidad de reducción de la condena solicitada.
El caso sigue conmocionando a la opinión pública y subraya la magnitud de la amenaza que representa la actividad de bandas criminales como los Dominican Don’t Play, cuyas acciones continúan siendo objeto de investigación por las autoridades españolas. Este artículo fue redactado con datos de Amo Dominicana
