Operaba una red sexual en San Francisco de Macorís. MP presentó contundentes pruebas al tribunal
SANTO DOMINGO. – Un tribunal de la provincia Duarte impuso una garantía económica de RD$5 millones al propietario de un car wash vinculado a una red de trata de personas con fines de explotación sexual en San Francisco de Macorís.
La medida también incluye presentación periódica e impedimento de salida del país, tras comprobarse que el imputado, Wilson Yanet Then Cruz, utilizaba su negocio como fachada para actividades criminales.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por su titular, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, junto a la fiscal titular de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, solicitaron al tribunal la imposición de prisión preventiva para Then Cruz.
Según las investigaciones, el imputado de 56 años ofrecía servicios sexuales de al menos 20 mujeres en el establecimiento Wiljery Car Wash, el cual también expendía bebidas alcohólicas.
La jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó la medida de coerción luego de conocer las pruebas que evidencian el modus operandi de la red, consistente en captar mujeres y ofrecerlas sexualmente a terceros dentro del car wash.
En el negocio se cobraba por cada encuentro, y algunas víctimas permanecían allí hasta dos semanas, siendo sometidas a explotación.
Habitaciones privadas facilitaban explotación sexual continua
El expediente detalla que dentro del car wash existían habitaciones acondicionadas para facilitar encuentros sexuales, lo que demuestra una organización sistemática destinada a lucrarse con la explotación de las víctimas.
El arresto de Then Cruz se produjo gracias a la orden judicial número 601-01-2024-EADM-00107, cuando el imputado se encontraba frente a su negocio.Las autoridades calificaron la conducta de Then Cruz como un delito tipificado en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, específicamente en los artículos 3 y 7, que sancionan la trata de personas y sus circunstancias agravantes, respectivamente.
