Sindicato pide diálogo con MINERD, padres y organismos para definir normas claras y evitar abusos
Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso este martes la creación de un reglamento nacional que regule el uso de videovigilancia en las escuelas, con el fin de garantizar seguridad sin violar derechos fundamentales. Además, sugirió conformar una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación (MINERD), padres, UNICEF y la Defensoría del Pueblo para discutir el tema.
El gremio docente aclaró que no se opone a medidas de seguridad, pero exige que estas no criminalicen a maestros o estudiantes, ni se usen como herramienta de control laboral. "La instalación de cámaras no puede ser unilateral; debe haber equilibrio entre seguridad y privacidad", señaló la ADP en un comunicado.
Regulación y sanciones claras
Entre las exigencias del sindicato figuran:
- Consentimiento previo de familias, docentes y personal administrativo, en línea con la Ley 172-13 de Protección de Datos.
- Uso proporcional, basado en diagnósticos de riesgo y no en instalaciones indiscriminadas.
- Acceso restringido a grabaciones, limitado a autoridades competentes, con sanciones por uso indebido o filtraciones.
La ADP citó fallos como la sentencia TC/0096/19, que avala medidas tecnológicas de seguridad pero con límites para proteger la intimidad. También recordó recomendaciones de UNICEF y la Defensoría del Pueblo, que piden priorizar la protección infantil sobre el control disciplinario.
Preocupaciones éticas y legales
El sindicato advirtió sobre riesgos psicológicos y éticos:
- Efecto en estudiantes: Vigilancia excesiva podría generar ansiedad o estigmatización.
- Uso punitivo: Las cámaras no deben usarse para sancionar docentes sin debido proceso.
- Resguardo de datos: Las imágenes deben almacenarse con protocolos estrictos para evitar filtraciones.
"Hablamos de un tema delicado. No es solo colocar cámaras, sino definir cómo, dónde y para qué", insistió la ADP. El llamado es a una política consensuada, no improvisada. Mientras, el debate sigue abierto: ¿cómo equilibrar seguridad y derechos en las aulas?