Simularon ser DNCD para secuestrar y extorsionar a víctimas de nacionalidad dominicana y estadounidense.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor impuso 20 años de prisión a cinco integrantes de una peligrosa red criminal —incluidos dos agentes policiales activos al momento de los hechos— por secuestro, extorsión, usurpación de funciones y porte ilegal de armas de fuego, tras hacerse pasar por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para secuestrar a un hombre en agosto de 2023.
Los condenados son el primer teniente Elvis Esnaider Romero y el cabo Harold Aracena, ambos suspendidos de sus funciones en la Policía Nacional, así como los civiles Darwin Rafael Ortiz Tueni, Luis Felipe Ventura y Wilfredo Núñez Arias. Todos cumplirán la condena en la cárcel pública General Pedro Santana, en la provincia de El Seibo.
Durante el proceso judicial, los fiscales Claudio Cordero, de la Unidad Antisecuestro, y Daniel Alberto Robles, de la Fiscalía de Hato Mayor, presentaron pruebas contundentes que vincularon directamente a los imputados con el secuestro, incluyendo interceptaciones telefónicas, testimonios presenciales, videos y evidencia pericial.
Los acusados fueron detenidos en flagrante delito mientras trasladaban a la víctima en el tramo carretero del Kilómetro 7, entre El Valle y Hato Mayor.
Criminales usaron armas, uniformes y falsa orden de arresto
Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando el grupo se presentó a la residencia de la víctima, de doble nacionalidad dominicana y estadounidense, en la comunidad Cañitas, municipio Sabana de la Mar, simulando un allanamiento en nombre de la DNCD.
Posteriormente, lo forzaron a acompañarlos con destino a Santo Domingo Este, sin que existiera orden judicial alguna.
Sin embargo, la intervención oportuna de patrullas y personal de inteligencia permitió la detención inmediata de los involucrados, quienes fueron encontrados portando un fusil, tres pistolas, indumentarias militares, y uniformes falsificados de la DNCD.
Todo este material fue decomisado por orden del tribunal, que también impuso a cada uno de los imputados una multa equivalente a 50 salarios mínimos.
