Prometían empleo, pero las obligaban a prostituirse en Santo Domingo.
La promesa era sencilla: un trabajo en República Dominicana como camarera o bartender, con buen pago y la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero detrás de esa oferta había una trampa. Una vez que las jóvenes llegaban desde Colombia, sus documentos desaparecían, las amenazas empezaban y lo que parecía una oportunidad se convertía en una pesadilla.
Así operaba la red de trata de personas desmantelada por las autoridades dominicanas en la Operación Begonias, desplegada el pasado sábado en Santo Domingo. La investigación, que llevaba meses en marcha, sacó a la luz un esquema bien organizado de captación, traslado, explotación sexual y lavado de dinero, en el que ya se han rescatado más de 40 mujeres, indicaron las autoridades del Ministerio Público.
El Ministerio Público aseguró tener pruebas sólidas contra ocho personas acusadas de formar parte de esta red criminal. La solicitud formal es clara: prisión preventiva por 18 meses mientras avanza el proceso judicial. Entre los implicados hay ciudadanos dominicanos y colombianos. Sus roles variaban, desde la captación en Colombia hasta el control en territorio dominicano.
Los fiscales explicaron que las víctimas eran engañadas con falsas promesas laborales. Una vez en el país, les retenían sus pasaportes y las amenazaban con hacerle daño a sus familias en Colombia. Además, les imponían una deuda de entre 3,500 y 4,000 dólares como condición para “liberarlas”, lo que servía como excusa para mantenerlas bajo control y obligarlas a prostituirse.
Esta medida de coerción fue solicitada contra Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier, Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Sierra Espinosa y Ariel Soto Madrigal (el Gordo), todos dominicanos. También están implicadas las colombianas Karen Chia Gelvez (alias Nana o Naye), Lina Valdez Cortes y Yasibit López Medina (Cristal). Sin embargo, la jueza Karen Casado decidió aplazar la audiencia para este miércoles.
La magnitud del caso llevó al Ministerio Público a pedir que se declare como “complejo”, lo que ampliaría los plazos de investigación y enjuiciamiento. Esta clasificación se suele usar en casos donde hay múltiples acusados, delitos transnacionales o estructuras criminales difíciles de desmantelar.
En el operativo participaron más de 85 agentes policiales, 10 fiscales, técnicos forenses y especialistas en atención a víctimas. Se allanaron múltiples propiedades usadas por la red, se incautaron seis vehículos, dinero en efectivo, aparatos electrónicos, libretas de contabilidad y drogas. También fueron confiscados los inmuebles donde operaba el grupo.
La operación fue dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo técnico de la ONG Anti Trafficking Bureau.
Más allá del golpe judicial, lo importante es entender lo que esta red hacía: despojaba a jóvenes de su libertad, su dignidad y su seguridad, con fines puramente lucrativos. Y eso no puede pasar desapercibido. La trata de personas no es solo un crimen; es una forma moderna de esclavitud que sigue operando en silencio, disfrazada de promesas.
Ahora, el reto para las autoridades no es solo judicializar el caso, sino garantizar justicia y protección real a las víctimas.