Grupos armados usan civiles como escudos humanos. Ejército denuncia manipulación y amenazas en la zona
La violencia en el convulso cañón del Micay, en el departamento colombiano del Cauca, ha escalado peligrosamente tras el secuestro de al menos 57 militares a manos del grupo disidente Carlos Patiño, vinculado a las FARC y comandado por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.
Las acciones, ocurridas en dos zonas rurales distintas, reflejan el descontrol territorial y la creciente tensión armada en la región, reseña Europa Press.
Según informó la Tercera División del Ejército colombiano, un contingente compuesto por dos suboficiales y 24 soldados fue interceptado en la localidad de El Plateado por aproximadamente 200 personas, quienes, según la versión castrense, habrían sido coaccionadas por el grupo armado para colaborar en el cerco.
Este incidente se suma a un secuestro similar ocurrido el sábado, donde otro pelotón con dos suboficiales y 29 soldados fue retenido por personal civil presuntamente manipulado en la zona de La Hacienda, municipio de El Tambo, también en el Cauca.
La fuerza pública exige respeto a la institucionalidad
En respuesta a estos hechos, el Ejército rechazó categóricamente el uso de civiles como herramientas de guerra y pidió a la ciudadanía respetar las instituciones y no dejarse instrumentalizar por los grupos ilegales.
A través de un comunicado oficial, reiteraron que mantienen presencia en la zona, trabajan por recuperar el control y garantizar el regreso de los soldados retenidos, siempre bajo el marco del respeto a los Derechos Humanos.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó lo ocurrido como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, denunciando que los insurgentes utilizaron a civiles como escudos humanos, exponiendo la vida de inocentes. “Esto no es un simple secuestro, es un atentado directo contra el Estado de Derecho y contra la población civil”, advirtió.
Recompensas y nuevas órdenes de captura
El ministro señaló que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ amenazaron e intimidaron a cerca de 200 personas, y que varios insurgentes se infiltraron entre los pobladores usando ropa civil para ejecutar el plan sin ser identificados.
Como respuesta, el gobierno ha anunciado la emisión de nuevas órdenes de captura y el ofrecimiento de recompensas de hasta 500 millones de pesos colombianos (unos 106.000 euros) por información que permita la captura de los principales cabecillas, entre ellos Jhon Alexander Jiménez, alias ‘Zamora’.
Velásquez también reivindicó el papel del Estado en la región: “Los terroristas son temporales, el Estado es permanente. Al cañón del Micay van a llegar la educación, la salud, el trabajo digno y el desarrollo. La población quiere paz, no armas ni minas”.
Estos secuestros ocurren apenas tres meses después de que el propio ministro reconociera la falta de control del Estado en la región, tras el asesinato de cinco militares y el secuestro de una treintena de policías.
La situación en el Cauca pone de manifiesto los desafíos persistentes del Estado colombiano en recuperar territorios bajo dominio de estructuras armadas ilegales.
