Tres acusados irán a prisión; otros dos seguirán proceso en libertad
Santo Domingo.- Tres hombres pasarán un año en prisión preventiva por haber participado en el robo de cables eléctricos pertenecientes a la segunda línea del Metro de Santo Domingo. El caso, que fue declarado como complejo por un juez, involucra a un total de cinco acusados y pone sobre la mesa un tema delicado: el impacto directo de este tipo de delitos en proyectos clave de infraestructura nacional.
El hecho ocurrió el 8 de junio de 2025, en el sector La Venta, Manoguayabo. Los implicados sustrajeron más de 16 mil libras de cable de cobre, valoradas en más de 300 mil euros. Este material estaba destinado a alimentar el sistema eléctrico de los trenes del Metro que aún se encuentra en construcción. La sustracción no solo significa una pérdida económica, sino también un retraso en un proyecto esencial para la movilidad de miles de personas.
Los acusados que cumplirán prisión preventiva en Najayo son Luegi Rafael Martínez Victoria, Dieussibon Pierre Louis y Jonathan Emmanuel Vásquez Núñez. La medida busca evitar que interfieran con la investigación, se fuguen o destruyan evidencia. La prisión preventiva, en este caso, no es una condena, sino una medida cautelar por la gravedad del delito y el riesgo procesal.
El caso tiene varios matices. Uno de los implicados, Pierre Louis, era nada menos que el encargado de seguridad del almacén donde estaban los cables. Según las pruebas, él mismo apagó el sistema de cámaras de seguridad durante el robo y facilitó el ingreso del chofer y de otro implicado que está prófugo, Enercido Viola Familia. El camión utilizado pertenece a otro de los señalados: Alejandro Rondón Acosta, quien no irá a prisión, pero tendrá que pagar una fianza de 500 mil pesos, además de presentarse periódicamente ante la justicia y no salir del país.
Otro de los imputados, Alfonso David Montoya Dávila, de nacionalidad colombiana y vinculado a la exportadora Bismont Ecorecicling, quedó bajo medidas similares pero con una garantía económica mayor: 800 mil pesos. Se sospecha que fue uno de los receptores finales del material robado, lo que apuntaría a una red más amplia de tráfico de cobre.
El Ministerio Público calificó el caso como asociación de malhechores y robo agravado, en complicidad, apoyado en varios artículos del Código Penal dominicano. Las fiscales Adalgiza Hernández y Alexandra Marine presentaron durante la audiencia las pruebas que vinculan a los acusados con el delito, incluyendo grabaciones de seguridad y el rastro del cobre robado hasta su venta posterior.
Lo que este caso pone en evidencia es cómo la corrupción y el crimen organizado pueden insertarse incluso en los proyectos públicos más vigilados. Robar cables no es simplemente “llevarse algo”, es sabotear un sistema que millones necesitan. La medida del juez refleja eso: una señal clara de que este tipo de delitos no quedará impune.
