familiares de víctimas exigen prisión inmediata para espaillat; Ministerio Público apelará
Santo Domingo — En una decisión que ha provocado críticas, la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso como medida de coerción una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca Jet Set, escenario de una tragedia que ha estremecido al país.
La audiencia, declarada caso complejo, culminó pasada la 1:30 de la madrugada del jueves tras más de doce horas de deliberación. A pesar de la magnitud del suceso —el colapso del techo de la discoteca dejó 235 muertos, más de 180 heridos y al menos 130 niños huérfanos— el tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva contra los imputados, lo que desató la indignación de las víctimas y sus abogados.
Remodelaciones ilegales y advertencias ignoradas antes del colapso
El expediente del Ministerio Público, respaldado por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho y Rosalba Ramos, detalla una larga cadena de irregularidades, negligencia y desprecio por la vida humana por parte de los propietarios del local. El Jet Set Club, un antiguo cine convertido en discoteca, fue objeto de múltiples remodelaciones sin permisos técnicos ni supervisión de las autoridades competentes.
Una de las fallas más graves señaladas fue la eliminación de una columna estructural clave, lo que dejó el techo sin soporte adecuado. A esto se sumaron sobrecargas con unidades de aire acondicionado de hasta 20 toneladas, instalaciones de luces, escenarios y bares sin estudios de resistencia. A pesar de que empleados alertaron sobre la caída de escombros y fisuras peligrosas en el techo, las advertencias fueron ignoradas, refiere el Ministerio.
De acuerdo con el expediente, la noche del 8 de abril, Maribel Espaillat se negó a suspender el evento, a pesar de un incidente previo en el que ya habían caído fragmentos del techo. El show debía continuar, incluso si ello implicaba poner en riesgo la vida de cientos de asistentes.
Ministerio público asegura hubo intento de intimidar testigos
El peritaje técnico, encabezado por ingenieros nacionales e internacionales como Eduardo A. Fierro y Leonardo Reyes Madera, confirmó que el colapso fue resultado de una serie de decisiones técnicas irresponsables. La investigación también reveló intentos de los imputados de obstruir la justicia, incluyendo presiones a testigos clave.
Tras el derrumbe, el área fue asegurada por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y entregada al Ministerio Público para fines de peritaje, por orden directa de la procuradora Yeni Berenice Reynoso.
“Esta decisión se burla de las víctimas”
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, manifestó su desacuerdo con la medida adoptada. “Vamos a apelar esta decisión. No refleja la gravedad del daño causado ni el dolor de los familiares de los fallecidos”, dijo. Camacho sostuvo que la medida es una ofensa a los más de 235 muertos, los más de 180 heridos y, especialmente, a los niños huérfanos que hoy enfrentan un futuro incierto.
Aunque el tribunal reconoció la solidez de la investigación y declaró el proceso como caso complejo, la opinión pública y los familiares de las víctimas reclaman justicia real. En las afueras del Palacio de Justicia, la presión crece.
