Camacho considera “una burla” que salgan libres con fianza tras 235 muertes
El Ministerio Público no está conforme con la decisión judicial que permitió a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentar en libertad el proceso por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 235 muertos y más de 180 heridos el pasado 8 de abril. El procurador adjunto Wilson Camacho fue claro: apelarán.
Camacho, quien dirige la Dirección de Persecución, no disimuló su frustración tras la audiencia. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a los imputados presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica. “Eso no es justicia para las víctimas”, dijo Camacho. “Esto es una burla”.
Una tragedia evitable
Según la investigación del Ministerio Público, el desplome del techo fue el resultado directo de una negligencia grave. Los fiscales aseguran que los dueños del local sobrecargaron la estructura con equipos de aire acondicionado industriales —algunos de hasta 20 toneladas— y tinacos de agua, sin estudios técnicos ni refuerzos estructurales. La intención, según los documentos presentados, era clara: ahorrar dinero, aunque eso implicara poner vidas en riesgo.
Los hermanos Espaillat, aseguran los fiscales, estaban al tanto de los problemas estructurales. Tenían reportes técnicos, videos, fotos y advertencias internas. Aun así, optaron por medidas baratas, improvisadas, que no resolvieron el riesgo. Esa decisión, según el Ministerio Público, costó cientos de vidas.
El fallo que indignó
La audiencia duró cerca de 14 horas. Camacho lideró un equipo de fiscales que incluyó a Rosalba Ramos, titular del Distrito Nacional, entre otros litigantes. Presentaron más de 130 pruebas para justificar prisión preventiva contra Antonio y arresto domiciliario para Maribel.
El tribunal acogió la calificación jurídica: homicidio involuntario y lesiones por negligencia, con base en los artículos 319 y 320 del Código Penal. Pero, pese a esa aceptación, la jueza no ordenó prisión preventiva. Esa decisión, para Camacho, desoye la gravedad del caso y deja a las víctimas sin una verdadera respuesta judicial.
“Más de 130 niños quedaron huérfanos. La magnitud del daño es brutal, no solo por la cantidad de muertos y heridos, sino por el mensaje que se envía cuando los responsables salen caminando del tribunal”, dijo Camacho a la salida de la audiencia, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Lo que viene
El caso fue declarado complejo, lo que da más tiempo al proceso penal y abre la puerta a una investigación más profunda. El Ministerio Público insistirá en que se revise la decisión. Para Camacho, este no es solo un caso de imprudencia empresarial. Es un ejemplo de cómo la negligencia, cuando se combina con la codicia, puede ser letal.
Y si el sistema judicial no lo trata con la seriedad que merece, dice el procurador, se corre el riesgo de normalizar el descuido criminal con consecuencias masivas. “Esto no puede quedar así. No vamos a rendirnos”.
La apelación, según fuentes del Ministerio Público, será presentada en los próximos días.
