Aplaza expediente sobre ley financiera tras solicitud de informe técnico
Santo Domingo, R.D. — El Tribunal Constitucional (TC) conoció este martes un total de once expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública presidida por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier. De los casos presentados, diez quedaron en estado de fallo, mientras que uno fue aplazado a petición del Ministerio Público.
Los expedientes abordaron una amplia gama de temas legales y administrativos, desde leyes sectoriales y ordenanzas municipales hasta resoluciones ministeriales y decretos presidenciales, reflejando la diversidad de conflictos constitucionales que llegan a esta alta corte.
Entre los casos destacados figura el expediente TC-01-2025-0014, sometido por Plinio Arturo Alcántara Batista, que cuestiona el artículo 38 de la Ley 1494 sobre la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vigente desde 1947. También quedó pendiente de fallo el caso TC-01-2025-0015, en el que Evaristy Jesús Jiménez Reyes impugna la Ley de Movilidad y Tránsito 63-17, alegando conflictos con principios constitucionales.
Otro expediente llamativo fue el TC-01-2025-0016, en el que José Gilberto Núñez Brun cuestiona la constitucionalidad de la Ley 55-24, que designa con el nombre de Hugo Álvarez Valencia el Palacio de Justicia de La Vega. Según el accionante, esta ley vulneraría normas sobre neutralidad institucional.
Reforma judicial, transparencia y medio ambiente
Otros recursos en estado de fallo incluyen impugnaciones a leyes que modifican el Código Procesal Penal, a disposiciones de ayuntamientos municipales, y a autorizaciones ambientales como la licencia núm. VSA-No.0001-21 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, cuestionada por el expediente TC-01-2025-0013.
En materia de función pública, el expediente TC-01-2025-0021, sometido por Juan Carlos Salcedo Bello, atacó la Resolución 357-21 del Ministerio de Administración Pública, que convoca a concursos para cargos de carrera. Salcedo alegó que dicha resolución viola principios constitucionales sobre acceso y estabilidad en la función pública.
También quedó en fallo el expediente TC-01-2025-0022, donde Jhonny Robinson Almánzar impugna el Decreto 178-25 del Poder Ejecutivo, sin que se especificaran en la audiencia los detalles del conflicto.
Caso aplazado por solicitud de informe técnico
El único expediente aplazado fue el TC-01-2025-0020, interpuesto por la Asociación Dominicana de Protección de Datos (ADPD). Esta organización atacó el artículo 56, literal A, de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, al considerar que vulnera derechos fundamentales sobre privacidad.
El TC acogió una solicitud de la Procuraduría General de la República, ordenando a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Monetaria rendir un informe técnico para enriquecer el análisis jurídico del caso. Asimismo, el Pleno decidió reponer los plazos para permitir la intervención de nuevas partes interesadas.
Magistrados presentes
La audiencia estuvo encabezada por el presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, y participaron los magistrados Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
Con esta jornada, el TC continúa su labor de arbitraje constitucional en temas claves para la institucionalidad dominicana. Las decisiones definitivas sobre los expedientes en estado de fallo se darán a conocer en próximas sentencias, las cuales podrían tener impacto significativo en áreas como justicia administrativa, medio ambiente, función pública y transparencia normativa.
