Tribunal impone penas de hasta quince años de prisión a militares y civiles por corrupción migratoria
SANTO DOMINGO. – El Caso Frontera, una de las investigaciones más contundentes contra el tráfico ilícito de migrantes, concluyó con condenas dictadas por el Tribunal Colegiado de Montecristi a varios miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) y colaboradores civiles.
El tribunal lo sentenció a penas de entre 5 y 15 años de prisión, al comprobarse su implicación en una red que facilitaba el paso ilegal de haitianos por la frontera norte del país.
Los militares Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno fueron condenados a 15 años de cárcel, tras ser hallados culpables de utilizar su investidura para permitir el cruce irregular de migrantes, violando de forma grave el deber de proteger la soberanía nacional.
El fallo, basado en un expediente sólido presentado por el Ministerio Público, calificó su accionar como una "afrenta inaceptable al uniforme militar" y al deber de resguardar la frontera dominicana.
Civiles también reciben penas por colaborar con la red
En el caso de los organizadores civiles, Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna fueron condenados a 10 años de prisión, tras comprobarse su rol central en la logística del cruce de migrantes. La haitiana Edna Josep, quien alojaba y ocultaba a los migrantes, recibió también una pena de 10 años, por su colaboración activa en el esquema delictivo.
A la red se sumaban transportistas que movilizaban a los extranjeros dentro del país. Por su implicación, fueron sentenciados a 5 años de prisión los ciudadanos Santo Valerio Contreras (Santico), Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez.
La procuradora Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), destacó que la sentencia es un precedente trascendental en la lucha contra las redes criminales fronterizas. “Es una victoria institucional que refuerza la defensa de nuestra soberanía y el combate a la corrupción desde dentro del Estado”, afirmó.
Coordinación institucional fue clave para armar el expediente
La decisión del tribunal, compuesto por las juezas Mercedes María Reyes Jerez, Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, resalta el carácter sistemático del delito y la corrupción institucional involucrada, comprometiendo el honor del cuerpo militar y el principio de legalidad en la frontera.
El Caso Frontera fue resultado de una labor conjunta entre la PETT, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Montecristi, con el respaldo del Ejército, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), y unidades de la Policía Nacional, como la División Especial de Crímenes Transnacionales (Deidet).
La litigación fue encabezada por la procuradora María Elena Carrasco Veras, junto a los fiscales Grimaldi Oviedo, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Aleika Almonte y la abogada Jissell González, quienes lograron consolidar un caso con pruebas contundentes, demostrando la responsabilidad penal de los involucrados en una red que atentaba contra los cimientos mismos del Estado dominicano.
