El MP sostiene que pruebas y presión a testigos confirman riesgo procesal.
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público ha endurecido este domingo su posición contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados como los principales responsables del colapso del techo del Jet Set Club, ocurrido la madrugada del 8 de abril, que dejó 235 muertos y más de 180 heridos. Según el órgano acusador, la tragedia fue consecuencia directa de decisiones negligentes, omisiones graves y una conducta empresarial que priorizó el beneficio económico por encima de la vida humana.
La solicitud de medidas de coerción —prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel— está sustentada en más de 130 pruebas. Así lo afirmó el procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Dirección General de Persecución, durante declaraciones a la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Camacho insistió en que no puede haber espacio para la impunidad en un caso que ha causado un “duelo colectivo” en el país. Recordó que la procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó desde el primer momento una investigación exhaustiva para esclarecer responsabilidades y evitar que una tragedia de esta magnitud quede sin consecuencias judiciales.
Intimidación de testigos, otro factor clave
Uno de los elementos que refuerza la petición de prisión preventiva, según explicó Camacho, es la intimidación de testigos por parte de los imputados. “Esto está documentado. Es un riesgo real para el proceso y demuestra el peligro que representan los imputados en libertad”, dijo el funcionario. Para el Ministerio Público, esa conducta confirma que los hermanos Espaillat deben enfrentar las investigaciones bajo restricción.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción fue aplazada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para permitir a la defensa preparar su estrategia. La nueva fecha fue fijada para el miércoles a las 11:00 de la mañana.
Una tragedia que pudo evitarse
Más allá del colapso físico del techo, el expediente detalla el colapso moral de una gestión empresarial que, según la Fiscalía, ignoró advertencias internas, optó por “reparaciones” ineficaces y ejecutó remodelaciones estructurales sin permisos ni supervisión técnica.
Las modificaciones incluyeron la instalación de sistemas de climatización pesados —seis aires acondicionados industriales de hasta 20 toneladas— y grandes tinacos de agua, todo colocado sobre una estructura que ya presentaba signos críticos de deterioro. Estas decisiones, asegura el Ministerio Público, fueron tomadas sin estudios de carga ni evaluaciones técnicas, y con conocimiento pleno del riesgo.
“El colapso era evitable. Lo sabían. Lo ignoraron”, señala la instancia.
Advertencias que no importaron
Los fiscales explican que tanto Antonio como Maribel Espaillat recibieron reportes visuales, fotos, videos y mensajes de empleados que alertaban sobre caídas de escombros y ruidos inusuales en la estructura. Horas antes de la tragedia, ocurrió un desprendimiento de partes del techo. Algunos empleados propusieron cancelar el evento de esa noche. Maribel se negó. Alegó que Antonio no estaba presente y que no se podía suspender la fiesta. La actividad continuó, llena hasta el tope.
Para el Ministerio Público, esa decisión fue clave. “Priorizaron el negocio sobre la seguridad, y el resultado fueron cientos de muertes, decenas de huérfanos y una sociedad indignada”, sentenció Camacho.
Pruebas técnicas y responsabilidad penal
Los peritajes técnicos encargados por la Fiscalía —realizados por ingenieros especialistas en estructuras sismorresistentes y patología estructural— documentaron fallas graves: una columna clave fue removida sin reemplazo, los anclajes de las vigas estaban mal ejecutados y no había muros de soporte suficientes.
Estas fallas, explica la investigación, son directamente atribuibles a decisiones de los imputados. En lugar de buscar soluciones estructurales formales, optaron por atajos para reducir costos, a pesar de conocer el deterioro. Para los fiscales, esto constituye un patrón de conducta irresponsable.
Más que un caso técnico, un problema de valores
Camacho cerró su intervención recordando el impacto humano de la tragedia. “Estamos hablando de 235 personas fallecidas, más de 180 heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos. Niños que tenían su futuro asegurado hasta esa madrugada, y que ahora viven una realidad marcada por la pérdida. Todo porque dos personas decidieron ignorar las reglas y poner el dinero por encima de la vida”, dijo.
El Ministerio Público confía en que el tribunal acogerá su solicitud de medidas de coerción. La evidencia, aseguran, es abrumadora. Y la sociedad, golpeada por el dolor y la indignación, exige justicia.
