Advierte sobre el impacto en la soberanía y llama a respetar la Constitución
Santo Domingo. – Abel Martínez, exalcalde de Santiago y excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), levantó la voz esta semana contra lo que calificó como un intento de “regularización improvisada” de mano de obra extranjera, una medida que, según él, podría poner en juego la soberanía del país y abrir las puertas a un nuevo ciclo de desorden migratorio.
Las declaraciones del dirigente peledeísta llegan justo cuando el Gobierno, a través del Consejo Económico y Social (CES), explora mecanismos para legalizar la situación laboral de extranjeros —principalmente haitianos— en sectores como la agricultura, la construcción y el turismo.
Martínez fue enfático: no se opone a una política migratoria ordenada, pero sí a la idea de implementar medidas sin base legal sólida. “Regularizar sin ley es rendirse”, dijo, en una de sus frases más contundentes, subrayando que la Constitución y la Ley de Migración 285-04 no dejan lugar a interpretaciones ambiguas.
Para él, hablar de permisos temporales de trabajo sin una legislación clara que lo respalde no es solo un error técnico. Es una concesión peligrosa que puede legitimar la ilegalidad y debilitar el Estado dominicano frente a uno de sus mayores desafíos estructurales.
“No se trata de xenofobia ni de cerrar los ojos a la realidad del mercado laboral. Se trata de actuar con cabeza fría y respeto al Estado de derecho”, sostuvo el también expresidente de la Cámara de Diputados.
Desde su óptica, el país ha pagado caro décadas de descuido en la política migratoria. Falta de controles, permisividad, improvisación y una presión internacional constante han creado un entorno donde los vacíos legales se han convertido en puertas giratorias.
Por eso, advirtió que abrir nuevos canales sin blindaje jurídico sería repetir el mismo error de siempre: primero se flexibiliza el control, luego se pierde la capacidad de actuar. “Y cuando se quiere corregir, ya es demasiado tarde”, apuntó.
Martínez alertó que detrás de estas iniciativas podrían esconderse intereses foráneos, presiones diplomáticas o lobbies empresariales que buscan mano de obra barata sin considerar las consecuencias sociales y políticas.
“El pueblo dominicano no puede quedar al margen de estas decisiones. No se puede negociar la soberanía a puerta cerrada ni bajo el pretexto de que ‘es lo que conviene a la economía’”, dijo.
Aunque reconoció que sectores productivos del país dependen en gran medida de trabajadores extranjeros, insistió en que cualquier solución debe surgir de un gran pacto nacional, respaldado por el Congreso y regido por la ley.
No basta con buenas intenciones ni con urgencias coyunturales. Lo que está en juego, señaló, es mucho más que la legalización de unos cuantos jornaleros: es la integridad institucional del país, la autoridad del Estado y la capacidad de decidir su propio destino.
“No se puede gobernar con parches. Mucho menos en temas que afectan la esencia misma de nuestra soberanía”, afirmó.
Abel Martínez también aprovechó para reiterar su disposición a aportar a una política migratoria seria y estructurada, pero advirtió que no participará en iniciativas improvisadas ni dictadas por actores que no rinden cuentas a la ciudadanía.
“La República Dominicana necesita una política migratoria coherente, firme, nacionalista y profundamente legalista. No una respuesta reactiva para calmar presiones momentáneas”, concluyó.
