Cinco imputados usaban uniformes oficiales para extorsionar civiles
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público finalizó la presentación formal de cargos contra dos policías y tres civiles acusados de liderar una red criminal que operaba bajo la fachada de autoridad.
Este grupo delictivo, que tenía como centro de operaciones a Santo Domingo Este, enfrentará la justicia por delitos de secuestro, extorsión, usurpación de funciones y porte ilegal de armas de fuego.
Los imputados, entre ellos el primer teniente Elvis Esnaider Romero y el cabo Harold Aracena, actuaban en complicidad con los civiles Darwin Rafael Ortiz Tueni, Luis Felipe Ventura y Wilfredo Núñez Arias, quienes fueron detenidos en flagrante delito.
La acusación ha sido sustentada por la Fiscalía de Hato Mayor y la Unidad Antisecuestro del Ministerio Público, y se apoya en el testimonio de peritos en informática forense, quienes analizaron los dispositivos incautados durante el arresto.
El caso se remonta al 12 de agosto de 2023, cuando los acusados irrumpieron en la vivienda de José Luis Maldonado López, en Sabana de la Mar, haciéndose pasar por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Simularon un allanamiento y procedieron a secuestrar al ciudadano, trasladándolo con rumbo a la capital. Sin embargo, fueron interceptados en la carretera de El Valle, donde se logró la detención inmediata y la liberación de la víctima.
La DNCD desmintió rotundamente cualquier vínculo con los acusados, señalando que los uniformes utilizados no fueron emitidos ni registrados por la institución. El Ministerio Público ha calificado sus acciones como violaciones a varios artículos del Código Penal y a las leyes 583 sobre secuestro y 631-16 sobre control de armas.
El equipo acusador, encabezado por Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado, y Marleni Guante Barona, fiscal de Hato Mayor, ha asegurado que existen pruebas suficientes para establecer la participación individual y en conjunto de los imputados.
Los fiscales Claudio Cordero y Jeanny Ramírez sostienen que el expediente está robustecido con evidencia que permitirá lograr condenas.
El juez Francisco Arias, del Tribunal Colegiado de Hato Mayor, aplazó la audiencia para el miércoles 18 de junio y programó una sesión adicional para el viernes 20, con la finalidad de culminar el proceso judicial en curso.
