El director de ONDA urge formar jueces en propiedad intelectual
SANTO DOMINGO — En un momento en que la piratería digital crece a la par de la tecnología, la República Dominicana aún tiene un punto débil: los jueces. Así lo dejó claro José Ruben Gonell Cosme, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), quien lanzó una advertencia directa al Poder Judicial: no se puede aplicar justicia sin entender la materia.
“Es momento de que nuestros jueces también reciban formación especializada en este campo. No se puede juzgar lo que no se comprende. Los casos de piratería digital y violaciones a la propiedad intelectual no son delitos menores: afectan la economía, la cultura y la credibilidad del país”, afirmó Gonell Cosme durante el seminario Persecución de la Piratería Musical en el Entorno Digital, celebrado en el hotel Catalonia de Santo Domingo.
Durante el seminario Persecución de la Piratería Musical en el Entorno Digital, efectuado este miércoles 11 de junio, Gonell Cosme sostuvo que, mientras el Ministerio Público ha capacitado a más de 150 fiscales en temas de propiedad intelectual, los jueces siguen operando con una preparación insuficiente frente a delitos cada vez más complejos. “No se puede juzgar lo que no se comprende”, dijo sin rodeos, aludiendo al vacío técnico que aún persiste en los tribunales.
El evento, organizado por la Procuraduría General y la ONDA, reunió a fiscales, abogados, expertos en derecho digital y creadores de contenido. El objetivo: fortalecer la respuesta institucional ante un fenómeno que no solo afecta a los artistas, sino que erosiona la economía formal y la imagen internacional del país.
Gonell Cosme celebró los avances logrados en los últimos años, recordando que República Dominicana saldó una vieja deuda de 77 millones de pesos con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo que ha limpiado su reputación en los foros globales. También resaltó que marcas como HBO, Disney y la MLB hoy ven al país como un lugar seguro para sus contenidos, gracias a un marco legal más sólido y campañas de sensibilización.
Pero el discurso fue claro: sin jueces formados en derecho de autor, el sistema sigue cojeando. “Todos los actores del sistema judicial deben entender el valor del trabajo creativo. Desde la denuncia hasta la sentencia, esto debe funcionar como un engranaje”, enfatizó.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, también tomó la palabra y se sumó al reconocimiento del esfuerzo colectivo que se está llevando a cabo en República Dominicana. “Nunca antes se había hecho tanto para fortalecer la propiedad intelectual en el país”, afirmó. Enfatizó que la creatividad y la seguridad jurídica son claves para una economía moderna y sostenible, y destacó la música como una de las expresiones más potentes del talento nacional.
Bisonó subrayó que la economía creativa —especialmente la música— es una de las expresiones más valiosas del talento nacional. “Cada nota, cada composición y cada interpretación reflejan la riqueza creativa de nuestros artistas, cuyas obras trascienden fronteras”.
Por su parte, Jonathan Baró, coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, dio cuenta de un avance concreto: la creación de la primera maestría en Comercio Ilícito y Propiedad Intelectual. Será gratuita y estará abierta no solo a fiscales, sino también a actores del sector privado. La meta es subir el nivel técnico de quienes están en primera línea del combate contra la piratería.
Baró también celebró que el país haya salido del temido Informe 301 en los últimos dos años. Según explicó, esto ha sido posible gracias a una estrategia articulada, con liderazgo desde la Procuraduría General y coordinación efectiva entre instituciones clave. Reiteró que esta lucha no se va a relajar. “La defensa de la legalidad es también defensa del desarrollo”, sostuvo.
En el plano internacional, el seminario contó con la exposición principal de Paulo Batimarchi, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), quien compartió las tácticas más recientes en América Latina contra la piratería digital. Detalló cómo Brasil ha liderado avances regionales, marcando una hoja de ruta replicable.
El panel también incluyó voces del terreno: el productor Aliosha Michelén habló sobre los desafíos que impone la inteligencia artificial en la música. El fiscal Miguel Pichardo explicó cómo se investigan los delitos de piratería, y el abogado Francisco Camacho se enfocó en los líos legales en plataformas como YouTube y Spotify. Pamela Hernández cerró con ejemplos de litigios locales, revelando la fragilidad legal a la que aún se enfrentan muchos artistas.
El mensaje final del evento fue contundente: la tecnología cambia rápido, pero el sistema de justicia no puede quedarse atrás.
