El presidente de la SCJ exhorta a nuevos aspirantes a defensores públicos a centrar su labor en la dignidad humana.
SANTO DOMINGO — La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) abrió esta semana el Programa de Formación para Aspirantes a Defensores Públicos 2025. Ochenta y tres abogados y abogadas inician un camino exigente: defender a quienes no tienen voz, con el derecho como herramienta y la dignidad humana como brújula. Así lo dejó claro Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, al dirigirse al nuevo grupo.
“Ustedes no llegan aquí por suerte”, arrancó Molina. “Han pasado filtros, pruebas, evaluaciones. No basta con saber: hay que servir con ética, con sensibilidad, con conciencia del rol que representan en una sociedad democrática.”
El mensaje fue directo: ser defensor público es estar del lado de quienes enfrentan el sistema sin recursos, sin poder, sin respaldo. Y en ese rol, la excelencia no es un lujo, sino una obligación.
Molina, quien también preside el Consejo Directivo de la Defensa Pública y de la ENJ, reveló que el 80 % de los casos penales en el país son atendidos por la defensa pública. Por eso, enfatizó, se necesita un cuerpo de defensores no solo técnico, sino humano. Uno que comprenda que justicia no es sinónimo de castigo.
“La prisión preventiva no puede ser la norma. No siempre la respuesta es más cárcel, más tiempo, más sanción. La justicia debe pensarse desde la solución, la reintegración y el debido proceso”, dijo. Habló claro sobre la congestión judicial, la lentitud de los procesos y cómo, muchas veces, el mayor obstáculo no es la ley, sino una mentalidad punitiva que bloquea alternativas.
En ese sentido, Molina defendió el uso de acuerdos y métodos alternos de resolución de conflictos. “En Estados Unidos, más del 90 % de los casos penales no llegan a juicio. Se resuelven con acuerdos. No porque sea más fácil, sino porque es más eficiente. Un sistema de justicia debe resolver conflictos, no acumular condenas.”
Por su parte, Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, fue enfático: este grupo de aspirantes se formará como “máquinas defensoras”, listas para garantizar el debido proceso y proteger los derechos fundamentales de personas en conflicto con la ley.
“La vocación, la sensibilidad humana y la firmeza jurídica son el corazón de esta labor. La Defensa Pública es la garantía viva de acceso a la justicia para quienes más la necesitan”, declaró Valentín.
El acto de apertura cerró con las palabras de Ángel Brito, director de la ENJ, quien explicó que el nuevo plan de formación está alineado con el Plan de Optimización del Proceso Penal, una estrategia judicial que busca un sistema más ágil y humano. Este plan incluye medidas concretas: aumentar los acuerdos penales, reducir la prisión preventiva, garantizar atención médica oportuna a los privados de libertad y exigir criterios estrictos para apelar.
“Cuando estos puntos se cumplen, tenemos un sistema de justicia que realmente funciona. Y eso se traduce en una justicia que respeta la dignidad de las personas. Esa es la meta y por eso forman parte de todos nuestros programas de formación”, subrayó Brito.
En la ceremonia estuvieron presentes figuras clave del sistema judicial, como el juez coordinador del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, Manuel Ramírez Suzaña; la consejera Octavia Carolina Fernández; y el doctor Juan Francisco Puello Herrera, ambos miembros del Consejo Directivo de la ENJ. También participó la defensora Marcia Ángeles, integrante de la Comisión de Capacitación.
El grupo que inicia esta etapa formativa está compuesto por 83 abogados y abogadas de entre 23 y 50 años. De ellos, 61 ya forman parte del personal de la Defensa Pública, mientras que los 22 restantes provienen del sector externo. La mayoría son mujeres: 56 frente a 27 hombres.
Durante los próximos 12 meses, recibirán una formación intensiva orientada no solo a la técnica jurídica, sino al fortalecimiento ético y humano que demanda el rol. Una tarea compleja, pero crucial: ser el escudo de quienes enfrentan el poder del Estado en su momento más vulnerable.
