Los cuatro condenados falsificaban pasaportes, cédulas y licencias militares
SANTO DOMINGO.- Una estructura criminal dedicada a la falsificación masiva de documentos públicos y privados fue desarticulada tras un proceso penal abreviado en el que cuatro de sus integrantes —incluido un empleado de la Junta Central Electoral (JCE)— fueron condenados a penas de entre tres y seis años de prisión, así como al pago de multas e inhabilitaciones.
El grupo operaba en Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, ofreciendo documentos ilegales a cambio de pagos que oscilaban entre RD$70 mil y RD$100 mil, según determinó la investigación conjunta del Ministerio Público, la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dicrim.
Entre los documentos falsificados figuraban cédulas de identidad, pasaportes, actas de nacimiento, licencias de conducir y porte de armas, así como carnés falsos de organismos de seguridad como la DNCD, el DNI, el Ejército, Educación y hasta universidades.
Condenas ejemplares y decomiso de equipos electrónicos
La jueza Fátima Cruz Estrella, del Distrito Judicial de Barahona, impuso seis años de prisión a Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos, con suspensión condicional de cinco años.
También fueron condenados a tres años Yonel Raphael y Andys Hernández Rivera, este último empleado activo de la JCE, quien deberá pagar además una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
A todos se les impusieron condiciones estrictas: residir en el domicilio registrado, abstenerse de consumir alcohol en exceso o portar armas, mantener conducta ejemplar y estar bajo vigilancia judicial.
Asimismo, se ordenó el decomiso de los equipos electrónicos usados en los “laboratorios” de falsificación.
Ofrecían identidades falsas a nacionales y extranjeros
La estructura, encabezada por Pablo Selmo De La Cruz (actualmente en prisión preventiva), también contaba con la participación de Modesto Alcántara, quien figura como testigo en el juicio abreviado.
Según el expediente, los falsificadores proporcionaban identidades fraudulentas a ciudadanos haitianos y dominicanos, incluyendo visados de Estados Unidos, Canadá, Chile, Holanda, Brasil, Ecuador, entre otros países, lo que eleva la gravedad del delito a nivel transnacional.
Los implicados enfrentan cargos por asociación de malhechores, falsificación de documentos, lavado de activos y uso de tecnología para fines delictivos, según lo tipificado en el Código Penal Dominicano, la Ley 172-13 sobre Protección de Datos, la Ley 53-07 sobre Crímenes de Alta Tecnología y la reciente Ley 4-23 sobre Actos del Estado Civil.
Este operativo fue el resultado de un año de labores de inteligencia desplegadas en el sur del país y la capital, lo que evidencia el compromiso de las autoridades con el combate a las redes de falsificación que amenazan la seguridad documental de la República Dominicana.
