Tragedia dejó 236 muertos; investigan advertencias ignoradas
Distrito Nacional.- El empresario Antonio Espaillat se presentó este jueves ante la Procuraduría General de la República (PGR), acompañado de su abogado Miguel Valerio, en el marco de la investigación por el colapso de la discoteca Jet Set. El derrumbe, ocurrido durante una fiesta el pasado 8 de abril, provocó la muerte de 236 personas y dejó al menos 180 heridos.
La visita de Espaillat ocurre tras revelaciones claves que apuntan a posibles advertencias ignoradas. Un empleado del la discoteca declaró que había alertado previamente al empresario sobre el riesgo de realizar el evento debido al estado del techo del establecimiento. Entre las víctimas se encuentra el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien animaba la fiesta esa noche.
El Ministerio Público accedió al celular del empleado para extraer conversaciones que, según fuentes cercanas a la investigación, evidenciarían que Espaillat fue advertido del peligro con antelación. La gravedad del caso ha aumentado con estas pruebas, que podrían marcar el rumbo del proceso penal, de acuerdo a fuentes.
“El empresario fue requerido y, como corresponde, se presentó”, fue la breve declaración de su abogado, Miguel Valerio, al llegar a la sede de la PGR.
Además, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregó un informe preliminar a la Procuraduría, donde se detallan las condiciones estructurales del local. El director de la entidad, Leonardo Reyes Madera, confirmó que el documento fue entregado directamente a la oficina del procurador adjunto Wilson Camacho, a cargo de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Hasta el momento, se han presentado al menos 68 acciones legales contra los propietarios de la discoteca, entre querellas y denuncias. Algunas de estas también involucran al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por presunto incumplimiento de sus funciones de supervisión y control en materia de seguridad.
Desde el 14 de abril, la Procuraduría está formalmente a cargo de las investigaciones. El pasado 7 de mayo incautó oficialmente el inmueble donde funcionaba la discoteca, marcando el lugar con un letrero que leía “INCAUTADO” en letras grandes, como parte de las acciones legales en curso.
Las autoridades continúan el proceso para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia criminal en esta tragedia que sacudió al país.
