Ejecución brutal fue ordenada por un tal juan, según testigos
SANTO DOMINGO.— En un caso que estremece por su violencia y frialdad, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a Joel Villanueva, alias “Cochote”, hallado culpable de asesinar por encargo a Alan Manuel de los Santos Lugo, e intentar matar a su hermana, Rosa Angélica de los Santos Lugo, en el sector Ensanche Isabelita.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Ignacio Rojas y Alberto Olivares, presentó un expediente demoledor. La escena, digna de una ejecución criminal, fue reconstruida con pruebas, testimonios y peritajes que confirmaron la participación directa de Villanueva y de un grupo de sicarios armados que aún están prófugos: Willy Pacha, Yael, Pedrito y Netico.
Ataque en pandilla dejó muerte, sangre y un mensaje mafioso
Todo ocurrió en la madrugada del 29 de enero de 2024, mientras las víctimas cenaban en un local de comida rápida. Dos vehículos se detuvieron. Cinco hombres armados descendieron como hienas. Rodearon a De los Santos Lugo, lo registraron como si buscaran algo, y dos de ellos lo acribillaron a balazos. Cuando el joven cayó al suelo, Villanueva lo remató con una apuñalada en el cuello usando un casco de botella roto. En simultáneo, Pedrito golpeaba a la hermana.
Según testigos, al marcharse, los agresores gritaron con cinismo: “Ese regalito te lo mandó Juan”. No se trató de un crimen pasional ni de un asalto improvisado. Fue una ejecución por encargo, con sello mafioso, meticulosamente coordinada.
Sentencia se dictó en medio de ausencias y complicidades
Las magistradas Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez dictaron una condena que muchos consideran leve ante la brutalidad del hecho. La pena será cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, mientras cuatro de los implicados siguen libres, desafiando la efectividad del sistema de justicia.
El crimen violó los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas y municiones.
El fiscal investigador Jenrry Arias documentó la causa con precisión quirúrgica, dejando claro que no fue un simple asesinato, sino un acto de terrorismo urbano, una advertencia sangrienta de quienes se creen por encima de la ley.