Las gobernaciones ofrecerán los servicios que representará un ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos
SANTO DOMINGO. En un paso trascendental hacia la descentralización institucional y la modernización del Estado, las Gobernaciones Provinciales comenzarán a ofrecer múltiples servicios del Ministerio de Interior y Policía (MIP), eliminando la necesidad de que los ciudadanos viajen a la capital para resolver trámites esenciales.
La ministra Faride Raful, durante una jornada de trabajo en la sede del MIP, destacó que esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por transformar y digitalizar los procesos del Ministerio, alineado con los objetivos de la Agenda Digital 2030. “Estamos logrando una institución más cercana, eficiente y centrada en el ciudadano”, afirmó.
Raful subrayó que el nuevo modelo operativo representará un ahorro significativo de tiempo y dinero para los ciudadanos, al tiempo que optimiza los mecanismos de asistencia en todo el país. Las representantes del Poder Ejecutivo en las provincias contarán con equipos tecnológicos para activar la transformación digital desde sus demarcaciones.
Gobernadoras respaldan firmeza institucional
Durante el encuentro, José Octavio Acosta, responsable del proyecto, anunció que este nuevo canal de comunicación directa entre los ciudadanos y el Ministerio servirá de soporte al canal de servicios ya implementado, fortaleciendo así la capacidad de respuesta y gestión del MIP en las comunidades.
En una muestra de unidad institucional, las gobernadoras provinciales expresaron su respaldo público a la ministra Faride Raful, quien ha sido víctima de difamaciones, ataques simbólicos y cuestionamientos personales.
La representante de la provincia Hermanas Mirabal, Lissette Nicasio, tomó la palabra en nombre de sus colegas, defendiendo la integridad y el compromiso de la funcionaria con la transformación del país.
Denuncian violencia simbólica y exigen respeto institucional
Las gobernadoras advirtieron que los ataques dirigidos a Raful no son casos aislados, sino una muestra de la violencia simbólica que enfrenta la participación de las mujeres en espacios públicos y políticos.
En un documento conjunto, rechazaron estos intentos de silenciar voces femeninas y debilitar la convivencia democrática, afirmando que la ética, la igualdad de género y el respeto a la dignidad humana no son negociables.
Además, llamaron a la ciudadanía a reflexionar sobre el tipo de país que desea construir, recordando que los derechos humanos y la justicia social deben estar en el centro de la vida pública dominicana.
