Gobierno, Barrick y comunidad firman pacto reasentamiento de familias afectadas
SANTO DOMINGO. Con la mediación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, el Gobierno dominicano, representantes comunitarios de Cotuí y la empresa Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo definitivo para viabilizar el reasentamiento de familias afectadas por la expansión de la mina y la construcción de una presa de colas en la provincia Sánchez Ramírez.
Este pacto fue resultado de un proceso de diálogo amigable y sostenido, encabezado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el obispo de La Vega, Tomás Morel Diplán, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Las partes destacaron que el acuerdo representa un modelo de gestión inclusiva y respetuosa, que marca un antes y un después en la relación entre desarrollo minero y bienestar comunitario.
Una inversión social que supera los 20 mil millones
El programa de reasentamiento contempla una inversión superior a RD$20 mil millones, e incluye provisión de viviendas dignas, servicios esenciales (agua, electricidad, salud, educación), instalaciones deportivas, acceso vial y programas de sostenibilidad económica y psicosocial para las familias impactadas. El acuerdo también establece nuevos valores de compensación para cultivos y terrenos.
Además de lo material, se ha previsto un acompañamiento emocional y educativo, con programas de atención psicológica, generación de ingresos, educación financiera y alfabetización. También se ejecutarán acciones para promover la convivencia armónica entre las familias reasentadas y las comunidades receptoras.
El plan de vivienda será ejecutado por el Estado y Barrick Pueblo Viejo, e incluirá la construcción de una Unidad de Atención Primaria, un politécnico, un destacamento policial, un mercado, un cementerio municipal, una estancia infantil y mejoras al tramo carretero Cotuí–Nuevos Horizontes.
Durante la firma, Joel Santos expresó que “esta es una muestra de que el diálogo social y el respeto mutuo pueden transformar conflictos en oportunidades". Por su parte, Pablo Ulloa reafirmó el compromiso de acompañar el proceso y garantizar los derechos de todos los involucrados. La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, aseguró que el acuerdo se enmarca en estándares internacionales de responsabilidad social.
Martín Guzmán, vocero de los comunitarios, valoró el consenso alcanzado: “Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor”.
El acuerdo fue firmado con la participación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el alcalde de Bonao, Eberto Núñez, y el director general de Minería, Rolando Muñoz.
Todas las partes destacaron la importancia de esta etapa para liberar el potencial del proyecto minero, que se proyecta como clave para el desarrollo económico de la República Dominicana.
