Gobernadora en el centro de controversia migratoria. Opositores impulsan medidas de protección para inmigrantes
La indignación se ha apoderado de sectores de la comunidad dominicana en Puerto Rico tras revelarse que la gobernadora Jenniffer González, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), entregó los datos personales de seis mil migrantes a agencias federales de inmigración, lo que ha desencadenado redadas y deportaciones en comunidades vulnerables como Barrio Obrero y Puerto Nuevo en San Juan.
La información, originalmente negada por el gobierno local, quedó al descubierto la semana pasada, cuando se confirmó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) facilitó la base de datos desde finales de enero, en respuesta a las políticas del entonces presidente Donald Trump, orientadas a expulsar a migrantes en situación irregular.
“Entregar datos sin defensa previa es una traición”, denunció el dirigente Rolando Acosta, activista del Partido Popular Democrático (PPD) y ex cónsul dominicano en la isla. En una rueda de prensa ofrecida junto a Bryan Saavedra, presidente del PPD en el Precinto 2 de San Juan, y Claribel Martínez, exlegisladora municipal, exigió respeto al debido proceso, condenando que los federales estén irrumpiendo en hogares y centros de trabajo sin órdenes judiciales.
Los líderes denunciaron la contradicción del argumento de González, quien justificó la entrega de información alegando que se ponían en riesgo fondos federales por 178 millones de dólares.
Esta postura fue desmentida y rechazada por el exgobernador Alejandro García Padilla, quien la calificó de sumisión vergonzosa a intereses ajenos a la dignidad puertorriqueña.
Partido independentista propone escudo legal para los inmigrantes
Ante el recrudecimiento de las redadas, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha lanzado una ofensiva legislativa para proteger los derechos de los inmigrantes, a través de proyectos y ordenanzas que establecerán límites claros a la colaboración con autoridades federales de inmigración.
El portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez, recordó que ya en febrero se habían presentado los proyectos 331 y 379 –a petición de la ACLU– para garantizar los derechos fundamentales de los migrantes. Al no haber sido debatidos por la legislatura, el partido ha decidido impulsar su aplicación directa a nivel municipal, como herramienta de defensa ante la vulnerabilidad legal de miles de inmigrantes.
Las diputadas Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón Robles denunciaron que la falta de normas claras permite acciones arbitrarias como la ocurrida en Cabo Rojo, donde una mujer dominicana, con permiso de trabajo vigente, fue arrestada tras ser delatada por un policía municipal cuando solicitaba información para instalar un negocio ambulante.
“No se puede permitir que agentes actúen como cazadores sin ley”, advirtió Gutiérrez, quien junto a Lebrón Robles aseguró que las nuevas ordenanzas establecerán parámetros legales para evitar violaciones de derechos humanos.
Llaman a rechazar el miedo y defender la dignidad migrante
Márquez enfatizó que las nuevas políticas de inmigración no pueden ser una excusa para destruir familias ni vulnerar derechos humanos. Señaló que proteger la dignidad de las personas, más allá de su estatus migratorio, es deber moral y político.
Los legisladores del PIP anunciaron que continuarán promoviendo iniciativas en apoyo a los inmigrantes, especialmente los dominicanos, que representan una parte esencial del tejido económico y social de Puerto Rico y hoy enfrentan una cacería institucionalizada sin precedentes desde la reactivación del mandato de Trump. Con datos de Prensa Latina.
