El despliegue de tropas federales para frenar protestas migratorias aviva tensiones
Los Angeles (EE.Uu).- La tarde del domingo, el centro de Los Ángeles se convirtió en un campo de tensión. Cientos de manifestantes marcharon hasta el centro de detención federal, bloqueando la autopista 101 y enfrentándose con la policía. Las fuerzas del orden respondieron con munición menos letal. El saldo: 11 detenidos y una ciudad en estado de alarma.
La chispa que encendió la mecha fue la decisión del presidente Donald Trump de desplegar 2,000 efectivos de la Guardia Nacional para reforzar las redadas migratorias del ICE. Este domingo llegaron los primeros 300 soldados a la ciudad. El gobernador de California, Gavin Newsom, no tardó en condenar la medida como una “provocación” y denunció que la Casa Blanca nunca consultó ni notificó su decisión. La alcaldesa Karen Bass fue aún más tajante: habló de “una escalada caótica”.
En redes sociales, Newsom llamó a la calma: “No le den a Trump lo que quiere”, escribió. Pero en las calles, la tensión era otra. Manifestantes protestaban contra lo que consideran una criminalización de la migración. Para el gobierno federal, sin embargo, se trata de imponer “orden”.
Trump no se guardó nada. En su plataforma Truth Social tachó a los manifestantes de “turbas violentas” y prometió “liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria”. Ordenó a su gabinete —la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la fiscal general Pam Bondi— usar todos los recursos necesarios para “restablecer el orden”.
La medida marca un hito: es la primera vez en seis décadas que un presidente activa la Guardia Nacional sin el aval del gobernador estatal. En una carta enviada al Pentágono, Newsom pidió revocar el despliegue, argumentando que se violó el procedimiento legal y que representa una amenaza a la soberanía estatal.
“No hay necesidad de tropas federales en nuestras calles”, escribió el gobernador. “Esta decisión solo busca aumentar la tensión”.
El respaldo político no tardó en llegar. Veintidós gobernadores demócratas firmaron un comunicado conjunto calificando la intervención como “un alarmante abuso de poder”. Apuntaron directamente contra el secretario Hegseth, quien incluso sugirió la posibilidad de enviar marines. “Amenazar con desplegar al ejército en barrios estadounidenses no solo mina la confianza ciudadana, también distorsiona la misión del cuerpo militar”, advirtieron.
Desde el gobierno federal, Tom Homan, exjefe del ICE y hoy asesor de seguridad, no se contuvo: defendió el despliegue y hasta insinuó que Newsom y Bass podrían ser arrestados si interfieren. La respuesta del campo demócrata fue unánime: la prioridad es mantener la paz y evitar que esta intervención federal escale aún más el conflicto.
Mientras tanto, las calles de Los Ángeles siguen calientes. La protesta no parece ceder, y la ciudad está atrapada entre dos fuerzas: una que exige derechos, otra que impone orden a punta de uniforme.
