“Cuando las agencias federales citan, los gobiernos tenemos que cumplir”, sostuvo González
SANTO DOMINGO.– En medio de una creciente indignación social, la gobernadora Jenniffer González justificó este jueves la entrega de datos personales de migrantes dominicanos a agentes federales con fines de deportación, una decisión que ha sido calificada de “insensible” y “peligrosa” por distintos sectores de la sociedad puertorriqueña.
“Cuando las agencias federales citan, los gobiernos tenemos que cumplir”, sostuvo González, al referirse a la solicitud de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), encabezada en Puerto Rico por Rebecca González-Ramos.
La mandataria, del Partido Nuevo Progresista (PNP), reveló que su negativa habría puesto en peligro unos 178 millones de dólares anuales destinados a infraestructura vial.
La entrega de los datos afecta directamente a más de seis mil inmigrantes con estatus migratorio indefinido, quienes habían recibido licencias de conducir bajo la Ley 97 de 2013, promulgada durante el mandato del exgobernador Alejandro García Padilla, del opositor Partido Popular Democrático (PPD).
"Es una puñalada a quienes solo querían trabajar"
El propio García Padilla no tardó en reaccionar, lanzando fuertes críticas contra lo que denominó un acto de “crueldad institucional”.
Durante una intervención en Telemundo Puerto Rico, calificó la acción como una traición a personas “que lo único que querían era guiar legalmente para ir a hacer los trabajos que muchos puertorriqueños no quieren hacer”.
“Hay que ser una persona genuinamente malvada para entregar esa lista”, expresó con evidente indignación, acusando al actual gobierno de ser “unos arrodillados” frente a los intereses federales.
Agencia federal admite petición directa al gobierno local
La polémica escaló cuando la propia González-Ramos, en una entrevista con Radio Pública Nacional (NPR), confirmó que solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) los registros de licencias otorgadas bajo la ley de 2013.
Reveló además que el objetivo de la operación es deportar a cerca de 20 mil inmigrantes indocumentados, en su mayoría dominicanos, tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes estadounidenses.
El intento inicial de la administración de González de mantener en reserva su colaboración con las autoridades migratorias ha sido interpretado por analistas como un intento deliberado de evitar la controversia pública, lo cual no impidió que la revelación desatara un intenso debate sobre la ética, la legalidad y los compromisos humanitarios del gobierno puertorriqueño.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes exigen ahora explicaciones más profundas, mientras crece la presión para revertir las acciones que, según advierten, podrían romper familias y vulnerar derechos adquiridos por personas que llevan años integradas a la vida laboral y social de Puerto Rico. Con datos de Prensa Latina.
