Operación Camaleón apunta a contratos amañados en semáforos del GSD
El Ministerio Público no ha bajado la guardia en su lucha contra la corrupción. Esta semana desplegó un amplio operativo como parte de la Operación Camaleón, que busca desmantelar la red que defraudó al Estado con el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El epicentro de la investigación es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), donde funcionarios y empresarios se habrían aliado para desviar fondos públicos bajo la fachada de un proyecto de modernización tecnológica.
Fiscales de la Dirección General de Persecución y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realizaron al menos 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Punta Cana. Uno de los allanados fue Aquiles Jiménez, según confirmó el propio Ministerio Público.
Las investigaciones apuntan a una trama de complicidades internas y externas. Entre los principales acusados está Hugo Beras, exdirector del Intrant, quien habría facilitado la adjudicación del contrato a la empresa Aurix S.A.S., propiedad de José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como “Jochi”.
El contrato bajo la lupa fue presentado como una solución para modernizar el sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo, pero detrás del proyecto había sobrevaluaciones, asignaciones amañadas y posibles retornos ilegales. Lo que debía ser una mejora del tránsito, terminó siendo un esquema para beneficiar a un grupo selecto.
Junto a Beras y Gómez Canaán también están imputados varios exfuncionarios del Intrant: Frank Díaz Warden, ex coordinador de despacho; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, quien estuvo al frente del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
Aunque el Ministerio Público ha evitado dar todos los detalles sobre los hallazgos en los allanamientos, fuentes cercanas aseguran que ya hay suficiente evidencia para sostener las acusaciones de corrupción, asociación de malhechores y fraude al Estado.
Con la Operación Camaleón, las autoridades buscan marcar un precedente. El mensaje es claro: no habrá impunidad para quienes conviertan los recursos públicos en botín personal. El caso apenas comienza, pero ya sacude con fuerza las estructuras del poder en el sector transporte.
