Prisión preventiva a cabecillas por trata agravada, abuso psicológico, sexual a menores y proxenetismo
SANTO DOMINGO.-Un tribunal de Puerto Plata dictó doce meses de prisión preventiva contra Julio de la Cruz Vásquez (Nacho o Gordo) y Leonelis Rodríguez Martínez, identificados como los líderes de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
La medida de coerción fue impuesta tras comprobarse su participación en delitos como trata agravada, abuso psicológico, sexual a menores y proxenetismo agravado, en violación de las leyes 137-03 y 136-03.
La investigación reveló que los acusados reclutaban mujeres y adolescentes de distintos barrios de Puerto Plata para ofrecer servicios sexuales bajo cobro.
Además, se descubrió que De la Cruz Vásquez, a pesar de haber sido dado de baja de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), simulaba ser miembro activo, lo que le permitía operar con mayor impunidad.
Rescate de víctimas y allanamiento en centro de operaciones
Durante un allanamiento en una villa de dos niveles en el sector Cupey, las autoridades rescataron a nueve víctimas: seis mujeres entre 18 y 28 años y tres adolescentes de 17.
El lugar funcionaba como el centro neurálgico de la red, donde se ofrecían servicios sexuales a cambio de entre 120 y 400 dólares.
En una transacción, se confirmó que De la Cruz Vásquez recibió 1,600 dólares por un solo servicio.
El operativo fue posible gracias a una denuncia anónima recibida en marzo de 2025, que activó una investigación conjunta entre la Procuraduría Especializada contra la Trata (PETT), la Fiscalía de Puerto Plata y organismos internacionales como el Servicio de Seguridad Diplomática de EE.UU. (DSS) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Colaboración internacional clave para desmantelar la red
La investigación contó con apoyo tecnológico y logístico de agencias estadounidenses, destacando la creciente cooperación internacional contra el crimen organizado.
La fiscal Julissa Gómez Camacho lideró la acusación, mientras que el juez Romaldy Marcelino Henríquez ordenó el encarcelamiento en los centros San Felipe y Najayo Mujeres.
Las autoridades aseguran que la red tenía alcance transnacional, por lo que no descartan nuevas capturas. Mientras tanto, las víctimas reciben asistencia psicológica y legal, en un esfuerzo por reintegrarlas a la sociedad.
