Organizaciones políticas y firmas encuestadoras podrán opinar hasta el 20 de junio
La Junta Central Electoral (JCE) abrió este jueves un espacio público para debatir un tema sensible en tiempos electorales: el control y la transparencia de las encuestas políticas.
Durante una audiencia celebrada en su sede en Santo Domingo, la JCE reunió a representantes de partidos, medios de comunicación y firmas encuestadoras para discutir el borrador del reglamento que regulará el registro de estas empresas y la publicación de sus estudios en contexto electoral.
El pleno de la institución —presidido por Román Jáquez Liranzo y acompañado por los miembros titulares Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández y Rafael Vallejo, junto al secretario Sonne Beltré— escuchó una serie de planteamientos, inquietudes y sugerencias en torno al documento, que ya había sido publicado en su sitio web.
Desde hace semanas, la JCE notificó formalmente a los actores interesados, otorgando un primer plazo que vencía el 30 de mayo para presentar sus observaciones. Sin embargo, ante las solicitudes de prórroga hechas durante la audiencia, el Pleno accedió a extender el periodo de comentarios.
“Se otorga un plazo común hasta el 20 de junio a las 4:00 p. m. para que cualquier ciudadano, partido, encuestadora o medio pueda presentar sus argumentos por las vías correspondientes”, informó Jáquez Liranzo al cerrar la sesión.
Pero eso no será todo. El proceso contempla una segunda etapa: desde el 27 de junio hasta las 4:00 p. m., cualquier parte interesada podrá revisar las observaciones entregadas en el plazo anterior y presentar réplicas, contrarréplicas o ajustes a sus propuestas.
La audiencia, en detalle
Más que un evento formal, la audiencia permitió ver de cerca las posturas y preocupaciones de distintos sectores. Por parte de los partidos, tomaron la palabra delegados del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, PDI, Humanista Dominicano, Quisqueyano Demócrata Cristiano, Unidad Nacional, Demócrata Cristiano y Cívico Renovador.
En el bloque de las encuestadoras, participaron representantes de varias firmas con presencia en el mercado político y de consumo: CIMAECA SRL, Asociación de Empresas de Mercados (ADEIMO), IPG, Gallup, Suriel Consulting, VCR & Asociados y Momentum.
Cada intervención ofreció ángulos distintos, pero el eje común fue la necesidad de mayor claridad en los criterios de registro y publicación de encuestas, así como garantías de equidad para todas las empresas, sin importar su tamaño o afinidad política.
¿Qué sigue?
Con la prórroga en marcha, el proceso de revisión sigue abierto. La JCE insiste en que cualquier ciudadano o entidad interesada puede participar, no solo los partidos o encuestadoras con más visibilidad.
El reglamento en discusión marcará la pauta de cómo se validan, registran y divulgan los estudios de opinión durante los periodos electorales, un tema clave para la confianza pública y el juego democrático.
La JCE tiene ahora la tarea de procesar todo lo recibido, equilibrar los intereses y afinar una normativa que sea clara, justa y funcional antes del próximo ciclo electoral.
En el fondo, se trata de una apuesta por ordenar un escenario que en cada campaña se vuelve más influyente y más disputado.
