Asociaciones advierten ruina económica si se aprueba proyecto de ley que afectaría a miles de pequeñas empresas
Un amplio bloque de organizaciones suplidoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha levantado la voz con firmeza contra el proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) que propone una reestructuración radical del modelo actual, y que, según denuncian, busca eliminar de un plumazo a los suplidores privados que por 15 años han sostenido esta política alimentaria.
En un comunicado, la Federación Nacional de Suplidores, Alimentos y Afines (Fenafin), la Unión Nacional de Suplidores de Alimento Escolar (Unsae), la Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias (Asodoina) y la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas (Asupliderd) calificaron la propuesta de Inabie como una “variante perturbadora”, un proyecto “falto de juicio” y “con poco tino político y social”.
Estas entidades aseguran que detrás del proyecto subyace una intención de quebrar económicamente a miles de pequeñas empresas que, tras endeudarse para montar cocinas industriales, hoy serían eliminadas del sistema si se aprueba esta legislación. La pieza ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se encuentra en estudio en el Senado.
Los suplidores apelan al presidente Luis Abinader
Los suplidores apelan al presidente Luis Abinader, pidiéndole que en caso de que el Senado apruebe el proyecto, observe la ley con su facultad constitucional y detenga lo que consideran una acción que “llevará a la ruina a cientos de miles de familias”.
“No nos oponemos a mejoras ni a la regulación. Lo que rechazamos es el intento de eliminarnos sin diálogo, sin valorar el impacto que hemos tenido en nuestras comunidades”, declararon en conjunto.
Los representantes de Fenafin, Unsae, Asodoina y Asupliderd recordaron que han sido ellos quienes durante década y media han dado vida al PAE, generando empleo, fortaleciendo economías locales y promoviendo una cultura de alimentación escolar basada en calidad, certificaciones sanitarias y personal capacitado.
En cifras, el impacto es contundente: solo en Barahona, unas 110 microempresas y más de 1,700 empleados directos están involucrados en el proceso de preparación del almuerzo escolar. Si se aprueba la ley, “esas personas simplemente quedarían en la calle”, denunciaron.
Si se multiplica por el promedio de tres personas que dependen de cada uno de esos trabajadores, se estima que más de 5,100 personas solo en Barahona perderían su sustento. Y eso sin contar los motoconchistas, taxistas y otros actores que viven del ecosistema productivo que gira en torno al PAE.
Finalmente, los suplidores exigen que cualquier cambio en el programa nazca del consenso y no de la imposición, y que se evalúen con responsabilidad las consecuencias económicas y sociales. “Una política pública no puede construirse aniquilando a quienes han hecho posible su existencia”, concluyeron.
