Legisladores del PIP denuncian colaboración con agencias federales de inmigración
Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) alzaron su voz este martes para exigir al gobierno de Puerto Rico que se niegue a colaborar con autoridades federales en esfuerzos dirigidos a rastrear y deportar a inmigrantes, en su mayoría dominicanos, amparados por una ley local que les permite obtener licencias de conducir aun estando en condición migratoria irregular.
Los diputados Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón Robles denunciaron que tanto la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han solicitado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) acceso a datos personales de más de seis mil personas beneficiadas por dicha ley.
“La administración no puede ser cómplice de la vulneración sistemática de derechos humanos. Las comunidades inmigrantes en Puerto Rico ya están integradas, trabajan, estudian y aportan al país. No podemos permitir que se les criminalice por su estatus”, afirmó la diputada Gutiérrez, de acuerdo a una reseña de Prensa Latina.
Gutiérrez también emplazó a la gobernadora Jenniffer González a que emita instrucciones tajantes para evitar cualquier entrega de datos al gobierno federal sin orden judicial. “La protección de la privacidad no es un capricho, es un derecho constitucional”, remarcó la legisladora, quien además es abogada.
Por su parte, Márquez y Lebrón Robles recordaron que el PIP presentó en febrero el Proyecto 331, elaborado junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el cual propone parámetros legales claros sobre cómo deben ser las relaciones entre autoridades locales y federales cuando se trate de inmigración.
“El hecho de que las prioridades migratorias hayan cambiado bajo el mandato de Donald Trump no significa que los derechos fundamentales puedan ignorarse”, subrayó Márquez. “Este proyecto de ley busca proteger la vida, dignidad y derechos de quienes ya forman parte de la sociedad puertorriqueña, sin importar su nacionalidad o estatus legal”.
Finalmente, Lebrón Robles recordó que las comunidades migrantes “son más saludables, seguras y prósperas cuando no viven con el temor constante de ser perseguidas”. Subrayó que ningún gobierno responsable puede colaborar con un sistema que “viola libertades esenciales y siembra el miedo”.
La postura del PIP marca un claro contraste frente a una creciente cooperación entre el Estado Libre Asociado y agencias federales, situación que, según los legisladores, podría provocar una ruptura de confianza social con consecuencias graves para miles de familias inmigrantes en la isla.
