La libre expresión y difusión del pensamiento tiene la dificultad de que es inherente a la democracia.
Resulta curioso observar, cómo los que ayer se proclamaban paladines de la libertad de expresión y difusión del pensamiento hoy en día cierran filas con los partidarios de leyes mordaza. La libre expresión y difusión del pensamiento es unos de los bienes más preciados que datan desde la lucha religiosa en Europa, época en la que expresarse en términos de la libertad de creencia implicaba serias amenazas contra la integridad física de los expositores. Cuando al fin la tolerancia religiosa se convirtió en un bien jurídico, la libertad de prensan, la libertad de opinión, particularmente en materia de ideas políticas pasaron a ser bienes que pasaron a agruparse junto a la libertad de creencia. Por tanto, se trata de una barra de derechos fundamentales denominados de primera generación, esto es: atados a los derechos civiles y políticos.
La libre expresión y difusión del pensamiento tiene la dificultad de que es inherente a la democracia, es decir, el poder de la palabra, el poder de la crítica, es el arma de reglamento del ciudadano frente al Leviatán. El denominado pensamiento woke hizo uso y abuso de la libre expresión y difusión del pensamiento. Al grado de construir un castillo de naipes derivado no desde la izquierda sino desde la derecha. Hoy en día se debe agradecer a Donald Trump el hacer público la manera en que, desde la USAID, se empleó a más de seis mil comunicadores para defender agendas del Estado profundo, al tiempo que se golpeaba a opositores con agendas pagadas. Se podría decir que ejercer el periodismo bien remunerado por una agencia perteneciente al hegemon del mundo no tiene nada de pecaminoso. Es más, podría decirse, se empleó hizo uso de la profesión del arte de hablar en público, sin saber que se hacía para defender la causa del gran tablero mundial. Que se pecó de ingenuo, de cándido, etc.
Pero de ahí, a convertirse en partidarios de la censura previa, en partidarios de que los nuevos medios de expresión y difusión del pensamiento sean sometidos a control, a censura, hay un gran trecho. Desde sus inicios a finales del siglo pasado, se observó que la cantidad de información podía sobre pasar los límites de la analítica humana. Se planteó entonces que los comentarios u opiniones en las redes para convertirse en información veraz, oportuna y gratuita, debían estar rubricados por plumas reconocidas y pertenecientes a profesionales del periodismo. Esta idea se abandonó, porque a juicio de defensores del derecho de prensa como el doctor Emilio Ornes Cuascu, el derecho de prensa, no significaba derecho de y para los periodistas, sino que era un derecho de los editores de periódicos.
Los periodistas lograron profesionalizarse, pero, pronto, la tecnología los hizo caer en desuso y se pasó a hablar de derecho de la comunicación y de la información. Lo cual implicó que, el asunto iba más allá de los editores y de los periodistas, aparecieron, poco a poco los blogueros; luego vinieron los influencers. Es decir, la prensa escrita no logró transferir el poder a periodistas profesionales gracias a la irrupción de los blogueros, éstos últimos a su vez, debieron compartir su estancia con los influencers hasta que la revolución tecnológica convirtió a todo aquel que lo desea en un comunicador digital, en un editorialista y comentarista de las redes, de las plataformas digitales.
Hoy en día, la prensa escrita en papel, va en franco retroceso, los medios audiovisuales también: radio y televisión, cable, etc., han quedado obligados a compartir y ceder su espacio a comunicadores de nuevo cuño. Se habla entonces de televisión abierta, de comunicación abierta, de comunicación digital. Pero, como desde los primeros tiempos, el poder oficial trata de limitar el derecho ciudadano a comunicarse, a expresarse, a opinar. Se pretende obligar a los ciudadanos que asuman igual actitud que la que se les exigía bajo el derecho divino de los monarcas. Por eso, algunos hablan ya de neofeudalismo. En clara contraposición con los planes de la aldea global de Macluhan. Es el juego del gato y del ratón. Los gobernantes buscarán coartar y los ciudadanos se las arreglarán para evadir los controles aun en la granja de Georges Orwen.
Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en la comunicación de los bancos con su clientela hay ya una especie de Aldea global a lo Macluhan. Ese modelo se pretende llevarlo al Estado y se pretende convertir al Estado en guardián de la regulación en nombre de la desregulación.
Cuando se dice que ciertos comunicadores, blogueros, influencers, etc., son violentos, a menudo se olvida que, éstos, simplemente, reaccionan con indignación frente a la violencia de aquel que tiene el monopolio de la violencia. Dicen lo que otros callan y eso es democracia. Prima facie, el derecho de respuesta, la fe de errata y la gratuidad de la información son medios suficientes para hacer el balance y evitar los extremos. Cuando no sea posible, entran en juego los tribunales. Pero de ahí, a crear un cuerpo pretoriano para que administre la verdad del Estado frente a la verdad de quienes hacen comunicación, hay un gran trecho.
Se debe recordar que, cuando el debate surge y el enfrentamiento es entre ciudadanos, el Estado y sus instituciones son imparciales. Mas, no lo es cuando el Estado y sus instituciones son partes porque entonces el ciudadano se encuentra escuálido frente al Hermano Mayor de Orwen. Por tanto, el anteproyecto de ley busca coartar la prensa por medios digitales. No importa cómo se la disfrace. Eso de derogar la Ley 6132 disque por antigua, es una trampa, toda vez que la misma es una traducción de la francesa del año de 1881 de Francia, la cual, todavía está vigente. Obviamente, como en todo derecho fundamental ha sufrido adendas, es decir se han añadido a la misma otros nuevos derechos dados los nuevos medios tecnológicos. Pero de ahí a derogar hay un gran trecho porque ella no hace más que derivar un derecho constitucional. Se debe recordad que el artículo 74-1 y 74.4, no admiten derogaciones sino armonizaciones. De modo que, en el supuesto de que el anteproyecto de ley de marras, sea convertido en ley dada la aplastante mayoría de que dispone el oficialismo en el Congreso Nacional, el tema iría de inmediato al Tribunal Constitucional y, si dicho tribunal diere su bendición a dicho adefesio, moría la libertad de expresión, moriría la democracia.
La contraposición entre derecho al honor y a la vida privada opera entre ciudadanos, pero, como bien lo expresa la Ley 6132 no aplica en caso de funcionarios públicos pues su condición de tales, los expones a diario al escrutinio público. Ha de ser de esta manera porque la ciudadanía cuenta con armas formidables que le otorga la propia constitución: los artículos 22.5, 146 y 148 de nuestra constitución invitan a la prensa de toda laya, a mantenerse vigilante frente a excesos eventuales en que pudieren incurrir los funcionarios públicos.
Dicho anteproyecto habla de infracciones no tipificadas, es decir no establecidas, ni determinadas, sino sometidas al escrutinio de un censor administrativo indeterminado. No se habla de gratuidad en la comunicación, ni de garantías para la libertad de expresión, se habla de censura en manos del engendro burocrático indefinido al cual se pretenda dar vida. Como si el honor fuese un bien con valor prevalente sobre la libertad de expresión, quien asume la vida pública, asume también el riesgo que ella implica. El anteproyecto es mudo sobre este punto. Este mutismo equivale a un espíritu que busca amordazar por ley un derecho de rango constitucional. DLH-2-/6/2025
