Investigación detecta colusión empresarial y conflicto de intereses múltiples
SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó de forma categórica a la Contraloría General de la República retener los pagos asociados a unos 150 contratos firmados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), tras detectar presuntas irregularidades en tres procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar.
La medida, sustentada en el artículo 71 de la Ley 340-06, surge como parte de una investigación de oficio iniciada por la DGCP en abril de 2025, en respuesta a indicios graves de ilegalidad en las licitaciones INABIE-CCC-LPN-2024-0008, 0010 y 0012.
Según detalló la institución en una nota de prensa, el pasado 15 de mayo se remitió a la Contraloría una comunicación formal con hallazgos preliminares, entre los que destacan:
- Colusión entre oferentes, lo que compromete la transparencia del proceso.
- Conflictos de interés entre empresas adjudicatarias.
- Direcciones falsas o inconsistentes en los documentos presentados.
- Adjudicación a empresas sin el rubro requerido en su Registro de Proveedor del Estado (RPE).
- Contradicciones y ambigüedades en los pliegos de condiciones.
- Posible omisión de publicaciones obligatorias durante la gestión de los procedimientos.
Solo 12 empresas han defendido sus contratos formalmente ante la DGCP
La DGCP notificó entre el 24 de abril y el 27 de mayo a todos los proveedores adjudicados sobre su derecho a defender sus contratos mediante un procedimiento de investigación.
Sin embargo, hasta la fecha, solo 12 adjudicatarios han ejercido ese derecho, lo que podría implicar una aceptación tácita de las irregularidades o desinterés en defender su posición.
La entidad explicó que, una vez vencido el plazo para recibir las defensas escritas, dispone de 30 días hábiles para emitir resultados preliminares, los cuales serán notificados tanto al Inabie como a los funcionarios y empresas involucradas, en cumplimiento del artículo 224 del Reglamento de Contrataciones aprobado por el Decreto 416-23.
La DGCP y Contraloría investigan en conjunto a actores involucrados
Además de la investigación de oficio, la DGCP colabora activamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General en una investigación paralela, más profunda, que incluye entrevistas a peritos, personal de Inabie y análisis detallado del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
El propósito de esta alianza institucional es determinar responsabilidades individuales y colectivas, con base en la evidencia recopilada, y fortalecer la rendición de cuentas en el sistema de compras públicas.
En los próximos días, se espera que la DGCP emita actos administrativos con los resultados preliminares, lo cual marcará un punto de inflexión en el seguimiento de los casos y podría derivar en acciones disciplinarias, civiles o penales contra quienes resulten responsables.
