Faride Raful demanda a Angel Martínez y a Ingrid Jorge por difamación
Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, decidió llevar a los tribunales al autoproclamado detective Ángel Martínez y a Ingrig Jorge , hija de Claudia Pérez (La Tora), acusándolos de difamación e injuria. La querella, presentada el pasado 30 de mayo ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, reclama una indemnización total de 100 millones de pesos por daños morales.
A través del abogado Miguel Valerio Jiminián, Raful formalizó este lunes en la mañana una constitución en actor civil, solicitando que ambos comunicadores sean condenados al pago de 50 millones de pesos cada uno. Según detalla la instancia, las declaraciones difundidas por Martínez y Jorge no solo son falsas, sino que además vulneran gravemente la dignidad personal y familiar de la funcionaria.
Las acusaciones incluyen señalamientos infundados que vinculan a la ministra con actos ilícitos y conductas sexuales inapropiadas. La defensa de Raful sostiene que estas afirmaciones fueron realizadas con intención de dañar su imagen pública, profesional y moral. Por ello, las querellas se fundamentan en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 367 del Código Penal Dominicano.
Raful, quien ha ocupado importantes cargos en el Congreso y ahora forma parte del gabinete presidencial, no solo busca una reparación económica, sino también una respuesta firme del sistema judicial ante lo que considera un ataque malicioso. La funcionaria ha subrayado su compromiso con la transparencia y el respeto, y exige que se proteja su derecho al honor frente a acusaciones sin respaldo.
En las instancias presentadas, se solicita además que se ejecuten todas las diligencias necesarias para completar la investigación, conforme a los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal. La ministra también se reserva el derecho de presentar nuevas pruebas y ampliar la acusación conforme avance el proceso judicial.
Por su parte, el abogado Valerio Jiminián explicó que esta acción penal no busca solo esclarecer la verdad, sino también sentar un precedente sobre el uso irresponsable de los medios digitales para desacreditar a figuras públicas.
El caso ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión y sus límites legales, en especial cuando se utilizan plataformas de comunicación para lanzar ataques personales sin fundamento. La querella de Raful se suma a una creciente preocupación por la desinformación malintencionada y su impacto en la vida pública.
La sociedad dominicana seguirá atenta a cómo se desarrolla este proceso, que podría marcar un antes y un después en el tratamiento legal de los contenidos difundidos en medios digitales y redes sociales.
