Trump desafía la Constitución al limitar ciudadanía por nacimiento, paralizada por al menos cuatro jueces federales,
En una jugada que ha reavivado el debate sobre los derechos fundamentales en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha puesto en la mira el principio de ciudadanía por nacimiento, al firmar una orden ejecutiva que busca eliminar este derecho constitucional.
La medida, adoptada el mismo día en que retomó el poder, desafía abiertamente la Decimocuarta Enmienda y ha encendido las alarmas en los tribunales, el Congreso y entre sectores sociales y jurídicos del país.
La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos", un principio que ha garantizado igualdad legal sin importar origen o estatus migratorio.
Cambiar la disposición constitucional requiere una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, algo improbable dada la fragmentación política actual.
Un principio forjado tras siglos de lucha por la inclusión legal
La intención de revocar este derecho no solo tiene consecuencias jurídicas inmediatas. También desafía siglos de evolución legal. El derecho a la ciudadanía por nacimiento surgió como respuesta al histórico caso de Dred Scott en 1857, cuando la Corte Suprema le negó la ciudadanía a los afroamericanos. Aquel fallo fue revertido por la propia enmienda que hoy Trump intenta reinterpretar.
Décadas más tarde, el caso de Wong Kim Ark, un ciudadano de origen chino nacido en San Francisco, consolidó el principio de ius solis tras ganar una batalla legal contra el gobierno federal, que le negó la entrada por su origen asiático.
El fallo de la Corte Suprema de 1898 estableció con claridad que todos los nacidos en suelo estadounidense, sin importar el origen de sus padres, son ciudadanos.
Ahora, el texto firmado por Trump —bajo el título “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”— sostiene que “el privilegio de la ciudadanía no se extiende automáticamente a todas las personas nacidas en Estados Unidos”.
La frase clave “sujeto a jurisdicción” es el nuevo campo de batalla legal, reinterpretado por el expresidente para excluir a hijos de migrantes en situación irregular.
Una reinterpretación polémica ante una sociedad cada vez más dividida
La medida ha sido paralizada temporalmente por al menos cuatro jueces federales, pero podría llegar hasta una Corte Suprema de mayoría conservadora, que tendría en sus manos la posibilidad de redefinir uno de los pilares del derecho ciudadano. Esto podría afectar a miles de niños, que quedarían expuestos a la apatridia, la inseguridad jurídica y complicaciones burocráticas graves.
Aunque Trump y sus seguidores argumentan que se trata de frenar el llamado “turismo de parto” —acusando a migrantes de venir a EE.UU. solo para tener hijos que accedan a beneficios—, las encuestas muestran un país dividido: 56 % de los ciudadanos rechaza la medida, según el Pew Research Center.
Además, los críticos sostienen que esta orden ejecutiva abre la puerta a otras restricciones peligrosas y socava el principio de igualdad ante la ley, blindado hasta ahora por precedentes judiciales firmes.
Mientras tanto, la ciudadanía por nacimiento se mantiene como uno de los pocos consensos jurídicos duraderos en la historia constitucional de EE.UU. Su posible debilitamiento no solo afecta a los migrantes, sino que replantea el significado mismo de ser estadounidense en el siglo XXI.
La batalla recién comienza. Pero el mensaje ya está claro: Trump ha elegido el terreno más sagrado de la ley para probar su fuerza política. Con datos de Europa Press.
