Autoridades desmantelan sistema de videovigilancia criminal y realizan allanamientos
Santo Domingo, R.D. – En una acción coordinada para restaurar la seguridad ciudadana, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ejército y la Policía Nacional desplegaron este sábado un amplio operativo en el sector Capotillo del Distrito Nacional.
El operativo, realizado con el respaldo de los ministerios de Interior y Defensa, tuvo como propósito intervenir zonas críticas del sector, combatir la delincuencia organizada y desmantelar sistemas de videovigilancia ilegales que eran utilizados por bandas criminales para evadir la justicia.
Desde la madrugada, más de 640 agentes y 45 fiscales ejecutaron 32 intervenciones, incluyendo 22 allanamientos en viviendas y 10 operativos en espacios públicos. Las autoridades ocuparon sustancias controladas, dinero en efectivo y máquinas tragamonedas, parte del entramado delictivo que operaba en la zona.
“El objetivo es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos honestos que viven en Capotillo”, señalaron representantes del Ministerio Público, quienes destacaron que la operación es parte de una estrategia más amplia de combate al crimen y recuperación del territorio.
Uno de los puntos críticos abordados fue el desmontaje de redes de videovigilancia ilegales, instaladas por estructuras delictivas para monitorear el accionar policial. Estos sistemas no solo protegían las actividades ilícitas, sino que también atentaban contra la paz de los residentes al crear un entorno de constante vigilancia y control.
El operativo también tiene una dimensión social: el Ministerio de Interior y Policía anunció que ampliará sus programas comunitarios en el sector, como parte de un enfoque integral para reducir la violencia y crear oportunidades para los jóvenes.
Las fuerzas del orden se mantendrán en Capotillo de forma indefinida mientras se completa la intervención y se refuerzan las condiciones de seguridad en la zona.
Esta intervención reafirma el compromiso de las autoridades con una política de seguridad firme pero inclusiva, que combine el combate frontal a la criminalidad con el fortalecimiento del tejido social en las comunidades más vulnerables.
