Un sistema salarial desigual basado en presiones sectoriales y autonomía política
La Fundación Seguridad Social Para Todos saludó la promesa del presidente Luis Abinader de decretar un aumento general de salarios para los empleados públicos, medida que considera necesaria, justa y urgente.
En un documento enviado a DiariodigitalRD, la organización valoró positivamente el anuncio, al entender que los servidores públicos merecen una mejora real de su calidad de vida, pero también advirtió que el Estado mantiene estructuras salariales profundamente segmentadas, lo cual alimenta la desigualdad y la inequidad.
“Esta promesa presidencial no solo responde a una deuda histórica, sino que también se convierte en un instrumento vital para reducir brechas, combatir la inequidad y fortalecer la lucha contra la corrupción”, expresó la fundación, que preside Arismendi Diaz Santana, al tiempo que criticó que las decisiones salariales estatales siguen regidas por el nivel de presión o autonomía de cada sector.
Un Estado con salarios congelados y brechas crecientes
Diaz Santana dijo que durante su mandato, el presidente Abinader ha impulsado incrementos para sectores específicos: médicos, maestros, trabajadores de zonas francas y del turismo han recibido aumentos de entre 25 % y 55 %, algunos en varias etapas. Sin embargo, el resto de los empleados del Poder Ejecutivo y los municipios permanece con salarios congelados.
Detalló que en el sector público dominicano conviven tres regímenes salariales dispares:
- Aumentos frecuentes en los poderes Legislativo y Judicial, así como en órganos autónomos.
- Reajustes puntuales obtenidos por gremios fuertes, como médicos y profesores.
- Estancamiento salarial prolongado para el personal técnico y administrativo del Poder Ejecutivo.
El contraste es alarmante: muchos empleados administrativos en áreas esenciales como Salud Pública y Educación ganan entre 12,100 y 20,000 pesos, menos de la mitad del costo de la canasta familiar, según cifras del Banco Central. Desde 2015, los precios han subido más de un 60 %, mientras que el salario mínimo para este grupo apenas pasó de 5,117 a 10,000 pesos desde 2020.
A este panorama se suma el deterioro de las pensiones públicas, que no se ajustan desde hace más de una década, incumpliendo la Ley 87-01. La mayoría de los jubilados estatales ha perdido poder adquisitivo de forma drástica.
Hacia un acto de equidad y dignidad institucional
El experto en seguridad social, refirió que el presidente Abinader afirmó recientemente que el aumento salarial está siendo evaluado y que forma parte de una deuda pendiente con los trabajadores públicos de menores ingresos. Aunque la propuesta formaba parte de la reforma fiscal retirada en octubre de 2024, el mandatario indicó que podría incluirse en el nuevo presupuesto nacional.
De materializarse esta promesa, Abinader sería el primer jefe de Estado en decretar un aumento general para los servidores del Poder Ejecutivo y municipal desde 2004. Para la Fundación Seguridad Social Para Todos, esto representaría un paso decisivo hacia un país más justo:
“Apoyamos esta medida porque los trabajadores públicos lo merecen y lo necesitan, porque reducirá las desigualdades sociales, y porque es un pilar estratégico en la lucha contra la corrupción administrativa”.
El desafío ahora no es solo prometer, sino romper con la lógica de un Estado dividido en castas salariales, y construir una administración pública que sea sinónimo de equidad, respeto y justicia.
