Condenados cada uno a 30 años y una multa de cinco millones de pesos dominicanos
LA ALTAGRACIA, República Dominicana. – El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia impuso la pena máxima de 30 años de prisión y una multa de cinco millones de pesos dominicanos a cuatro hombres hallados culpables de integrar una red de tráfico internacional de cocaína desde Sudamérica hacia territorio dominicano.
Los condenados son Miguel Antonio Carvajal Florián, David Paulino Sánchez Cabrera, Rafael Adalberto Martínez Peguero y Carlos Alberto Marcano (también identificado como José Wilson Ramírez).
El veredicto se produjo luego de que el Ministerio Público presentara pruebas irrefutables de su participación en el traslado de 122.38 kilogramos de cocaína, distribuidos en 692 paquetes contenidos en 28 sacos de nylon, según certificación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Persecución comenzó tras alerta del servicio de guardacostas estadounidense
Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2023, cuando el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos detectó una embarcación sospechosa en aguas del mar Caribe, con rumbo hacia la República Dominicana.
La información permitió activar un operativo conjunto de interdicción –aérea, marítima y terrestre– que culminó con la recuperación de la droga arrojada al mar por los tripulantes durante su huida.
La sustancia fue recuperada por una lancha rápida de la Armada Dominicana, mientras la embarcación fue finalmente interceptada a 9 millas náuticas de la isla Saona.
Sentencia ejemplar tras minuciosa labor de fiscales y fuerzas especiales
La investigación fue dirigida por el fiscal Denis Guerrero, con litigación a cargo de Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez Cabrera, quienes lograron convencer al tribunal integrado por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte.
Los fiscales probaron que el grupo violó múltiples disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, específicamente los artículos 4-D, 5-A, 58, 59, 60 y 75, párrafo II, que sancionan el tráfico agravado de sustancias ilícitas.
La operación fue ejecutada bajo la coordinación del Ministerio Público, en colaboración con la DNCD, la Dirección de Reacción Táctica, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, representando una muestra clara de que la cooperación interinstitucional puede frenar el crimen transnacional.
Los condenados cumplirán su sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.