Enfrenta múltiples querellas por difamación, extorsión y uso indebido de medios digitales
Santo Domingo.- Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como “El Detective” en YouTube, enfrenta una serie de querellas legales en República Dominicana por presunta difamación, injuria, extorsión y uso indebido de medios digitales. Su estilo confrontativo y sus acusaciones que deberá de probar, han provocado reacciones legales de diversas figuras públicas.
El pasado 26 de mayo, Martínez fue arrestado en Puerto Plata al arribar en el crucero MSC World America. La detención se debió a una orden judicial emitida por la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, tras ser declarado en rebeldía por no comparecer a audiencias relacionadas con una querella por difamación interpuesta por el diputado Sergio “Gory” Moya.
Entre los querellantes se encuentran:
- Sergio “Gory” Moya: El diputado presentó una demanda en 2021 por difamación e injuria, solicitando un año de prisión y una indemnización de RD$10 millones. La audiencia está programada para el 4 de junio.
- Milagros De Camps: La exviceministra de Medio Ambiente presentó una querella en enero por difamación e injuria, alegando una campaña sistemática de descrédito mediante publicaciones en redes sociales.
- Luis Ricardo Reyes Mendoza: Empresario del sector aduanero, denunció a Martínez por difamación e injuria, luego de ser vinculado sin pruebas al narcotráfico en una lista difundida por el youtuber.
- Arnulfo Gutiérrez: Presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, acusa a Martínez de extorsión, chantaje y difamación, exigiendo una indemnización de RD$5 millones.
- Vargavila Riverón: Periodista y productor de televisión, presentó una querella por difamación e injuria, tras ser acusado sin pruebas de defender a narcotraficantes.
Cabe destacar que, aunque inicialmente Guido Gómez Mazara había presentado una querella por difamación en 2020, esta fue retirada tras un acuerdo entre las partes.
Actualmente, Martínez enfrenta restricciones judiciales que incluyen impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Este caso pone de relieve los desafíos legales que enfrentan los comunicadores en la era digital, donde las acusaciones sin fundamento pueden tener consecuencias legales significativas.
