El comunicador fue detenido en Puerto Plata y se le impuso presentación periódica e impedimento de salida
Santo Domingo.- El comunicador y detective privado Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez fue detenido el lunes 26 de mayo en el puerto de Puerto Plata, al arribar al país a bordo del crucero MSC World America. La detención fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial emitida tras ser declarado en rebeldía por no comparecer a varias audiencias relacionadas con una querella por presunta difamación e injuria interpuesta por el diputado oficialista Sergio Moya, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) .
Este martes, la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, impuso a Martínez medidas de coerción consistentes en presentación periódica e impedimento de salida del país. Durante la audiencia, Martínez calificó la decisión como “injusta” y alegó que su residencia fija en Estados Unidos desde hace más de 50 años demuestra que no representa peligro de fuga. Además, afirmó que las acciones legales en su contra son una persecución por sus denuncias públicas .
El caso ha generado atención pública debido a la notoriedad de Martínez en redes sociales y al contexto político en el que se desarrolla. Además de la querella presentada por Moya, Martínez enfrenta otra demanda por difamación e injuria interpuesta en 2020 por el actual presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara. En ambos casos, las autoridades judiciales habían declarado en rebeldía a Martínez por su incomparecencia a las audiencias, lo que motivó la emisión de órdenes de arresto y medidas para garantizar su localización y captura .
Tras su detención, Martínez fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo, donde se espera que comparezca ante los tribunales correspondientes para responder a las acusaciones en su contra. Mientras tanto, su defensa ha anunciado que apelará las medidas impuestas, argumentando que son desproporcionadas y que no se han respetado sus derechos procesales .
El desarrollo de este caso será seguido de cerca por la opinión pública, dado el perfil del acusado y las implicaciones que podría tener en el ámbito de la libertad de expresión y la responsabilidad en el uso de plataformas digitales.
