El poder judicial sigue atrapado en su propia lentitud: tribunales colapsados, audiencias aplazadas y medidas sin resultados reales
Participación Ciudadana presentó su quinto informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, correspondiente al período marzo–mayo 2025, en el cual se detalla el seguimiento sistemático a los procesos judiciales más relevantes por corrupción en el país.
Este ejercicio de monitoreo de PC pretende dejar constancia pública de cómo están siendo manejados estos expedientes por parte de jueces, fiscales, defensores y demás actores del sistema.
A partir de esta edición, la organización abandona el uso de apodos populares para los casos –como “Pulpo”, “Coral” o “Medusa”– y adopta el criterio jurídico formal de referirse a ellos con el nombre del principal imputado, en cumplimiento de la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional, que prohíbe el uso de sobrenombres.
El análisis de estos 60 días confirma una verdad incómoda: el sistema judicial dominicano sigue atascado en su propio laberinto de dilaciones. Las audiencias se suspenden por excusas médicas, recusaciones, licencias, conflictos de agenda o por falta de citaciones básicas. Esta rutina ha generado una parálisis judicial que afecta gravemente el derecho a la justicia oportuna.
Indicó que la situación ha llegado a tal punto que el propio Poder Judicial decidió excluir temporalmente del sorteo aleatorio de casos al primer y segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, buscando evitar que colapsen aún más.
El Primer Tribunal Colegiado, presidido por Esmirna Gisselle Méndez, y compuesto además por Tania Yunes y Jissel Naranjo, lleva el voluminoso caso de Adán Cáceres y compartes, además de más de 50 expedientes más, entre ellos la quiebra de la Financiera Oriental.
El Segundo Tribunal Colegiado, integrado por Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, tiene bajo su responsabilidad los casos de Alexis Medina, Jean Alain Rodríguez, Pascual Cabrera, Costa Dorada, Money Free, entre otros.
Un paso tardío, pero correcto
Ya en octubre de 2023, Participación Ciudadana había solicitado al Consejo del Poder Judicial que tomara acciones para descongestionar los tribunales asignando jueces exclusivamente para estos casos. En su misiva al presidente Henry Molina, advertían que la falta de gestión judicial alimentaba la percepción ciudadana de que “quien tiene dinero puede quedar impune, incluso ante los peores crímenes”.
Aunque las acciones han sido tardías, el hecho de que por fin comiencen a implementarse medidas diferenciadas para casos complejos es visto como un avance positivo.
A continuación, Participación Ciudadana describe los principales avances –y estancamientos– de los casos observados durante el período.
1. Caso Alexis Medina, Magaly Medina, Fernando Rosa y compartes
Este proceso es llevado por el Segundo Tribunal Colegiado. Desde el 17 de marzo al 15 de mayo se realizaron 11 audiencias, tras la negativa judicial de extinguir el proceso por vencimiento de plazo.
Durante marzo y abril, el Ministerio Público, la Empresa Distribuidora de Electricidad y el Estado Dominicano presentaron sus discursos de cierre y conclusiones.
Posteriormente, los imputados y empresas implicadas ejercieron su derecho a la defensa y presentaron sus argumentos finales. El ritmo de audiencias ha sido constante y razonable, con buena coordinación por parte del tribunal.
2. Caso Adán Cáceres y compartes
Conducido por el Primer Tribunal Colegiado, este expediente tuvo 10 audiencias en el período observado.
El Ministerio Público desplegó una labor intensa, presentando decenas de testigos clave y pruebas periciales. Sin embargo, varias audiencias fueron suspendidas por licencias médicas de los imputados Jehudy Guzmán y Tanner Antonio Flete. Aun así, se ha mantenido una frecuencia aceptable en el desarrollo del juicio.
3. Caso Jean Alain Rodríguez y compartes
Inicialmente asignado al Cuarto Tribunal Colegiado, que fue recusado y apartado del caso. El proceso fue reubicado al Segundo Tribunal, que tampoco ha podido comenzar el juicio de fondo.
Mientras tanto, el 1 de mayo, Jean Alain Rodríguez obtuvo libertad pura y simple. La audiencia de apertura fue reprogramada para el 23 de junio, lo que implica que durante todo el período no hubo avances sustanciales.
Lo único que se conoció fueron devoluciones de bienes, variaciones de coerción y una condena por litigio temerario.
4. Caso Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes
Este caso, en manos del Cuarto Juzgado de la Instrucción, ha sido víctima de retrasos sin justificación.
Tras la presentación de la acusación en abril de 2024, las audiencias del 24 y 28 de marzo de 2025 fueron suspendidas por certificados médicos de tres imputados. El 11 de abril se pospuso por desglose de imputados, y el 25 de abril por la recusación de la jueza por parte de la defensa de Gonzalo Castillo.
Finalmente, el 2 de mayo, un año después, se inició la lectura de la acusación.
5. Caso Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes
Este proceso permanece en el limbo. El Ministerio Público no ha presentado acto conclusivo, ni de acusación ni de archivo.
En el período observado, se levantaron todas las medidas de coerción. Incluso, el MP recusó a la jueza Patricia Padilla por levantar el impedimento de salida del país del investigado Jochi Gómez, quien ahora puede gestionar libremente contratos en EE. UU. con la empresa involucrada.
La inacción del Ministerio Público en este expediente genera serias dudas sobre su voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias.
Reflejo de un sistema que aún titubea
Este informe refleja una realidad alarmante: mientras algunas salas avanzan con esfuerzo, otras se enredan en excusas, aplazamientos y omisiones. El Poder Judicial ha comenzado a reaccionar, pero el paso es lento, muy lento.La impunidad se fortalece cuando la justicia vacila. Y hasta ahora, el mensaje que percibe la ciudadanía es claro: en la justicia dominicana, quien puede esperar… puede ganar.
