Haití concentra la mayoría de deportaciones por crisis migratoria
Santo Domingo — En los primeros cinco meses de 2025, la Dirección General de Migración (DGM) ha ejecutado una serie de operativos que resultaron en la salida de 201,892 extranjeros indocumentados del territorio dominicano. De ese total, 143,251 corresponden a deportaciones formales, mientras que 58,641 personas, en su mayoría haitianos, regresaron voluntariamente a su país de origen.
El comunicado de la DGM explica que Haití representa la mayor parte de estas cifras, impulsado por una grave crisis sociopolítica, inseguridad y pobreza generalizada. La vecindad geográfica y el colapso institucional del país caribeño han generado una oleada migratoria que la República Dominicana enfrenta con políticas más estrictas desde finales de 2024.
De acuerdo con datos oficiales, los deportados provienen de 12 países distribuidos en cuatro continentes. Aparte de Haití, el resto incluye Estados Unidos (9), Colombia (3), México (2), China (1), Hong Kong (1), Ucrania (1), Nigeria (1), Puerto Rico (1), Cuba (1), Nicaragua (1) y Jamaica (1). Todos los casos corresponden a personas que se encontraban en el país sin la documentación requerida.
Del total de deportaciones registradas, 66,680 personas fueron detenidas, procesadas e identificadas conforme a los protocolos de ley antes de su repatriación. Esta cifra representa el volumen más alto desde la promulgación de la Ley General de Migración No. 285-04 en agosto de 2004.
A esto se suman 76,571 extranjeros más que fueron expulsados directamente desde los lugares donde fueron detenidos, sin necesidad de pasar por procesos adicionales de verificación, debido a su condición migratoria evidente.
El aumento en las deportaciones no es casual. En octubre de 2024, el presidente Luis Abinader, junto al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, puso en marcha un plan destinado a reducir la población inmigrante en situación irregular en la República Dominicana.
Esta estrategia contempla acciones más agresivas en el control migratorio, incluyendo operativos simultáneos en puntos críticos del país, especialmente en zonas urbanas y fronterizas.
La DGM asegura que estas deportaciones se llevan a cabo respetando estrictamente los protocolos internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la dignidad y seguridad de los repatriados.
No obstante, la política migratoria del país ha sido objeto de críticas de parte de organizaciones internacionales y grupos defensores de los derechos de los migrantes.
Desde el Gobierno, sin embargo, se insiste en que la medida responde a una necesidad nacional. “No se trata de cerrar puertas, sino de ordenar la casa”, declaró un funcionario de Migración, quien explicó que la regularización es bienvenida, pero el ingreso irregular, especialmente masivo, representa un desafío para la seguridad, el empleo y los servicios públicos.
Con este ritmo de deportaciones, 2025 podría cerrar como el año con mayor volumen de migrantes irregulares expulsados de suelo dominicano, en una coyuntura en la que la presión migratoria parece no dar tregua.
