La nueva normativa impone un impuesto del 30% y limita la disidencia
San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha promulgado una controvertida ley que impone restricciones significativas a organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación que reciben financiamiento extranjero. La legislación, aprobada por una mayoría legislativa afín al mandatario, establece un impuesto del 30% sobre las donaciones internacionales y obliga a las entidades beneficiarias a registrarse como “agentes extranjeros” .
La normativa prohíbe que estas organizaciones participen en actividades consideradas políticas o que puedan alterar el orden público, una definición amplia que, según críticos, permite al gobierno ejercer un control discrecional sobre la sociedad civil . Además, se prohíben las donaciones anónimas y se otorgan al Ejecutivo amplias facultades para reglamentar y supervisar el cumplimiento de la ley.
Reacciones y preocupaciones internacionales
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la nueva legislación. Human Rights Watch advierte que la ley otorga al gobierno salvadoreño “amplias facultades para vigilar, sancionar y clausurar organizaciones estigmatizadas como agentes extranjeros”, y que en la práctica, permite controlar y sancionar a medios independientes y ONG que reciben apoyo internacional .
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha manifestado su inquietud, señalando que el lenguaje ambiguo de la ley podría ser utilizado de forma injusta para restringir derechos y libertades, y que podría tener un impacto negativo sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos humanos .
Contexto de creciente autoritarismo
La aprobación de esta ley se enmarca en un contexto de creciente concentración de poder por parte del presidente Bukele. Desde su llegada al poder en 2019, ha consolidado su control sobre las instituciones del Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa y el sistema judicial. Además, ha implementado un régimen de excepción que ha llevado al encarcelamiento de más de 80,000 personas, muchas veces sin el debido proceso .
Recientemente, el gobierno detuvo a Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal, acusándola de peculado. Diversas organizaciones internacionales han denunciado la detención como un acto de represión y han exigido su liberación .
Comparaciones internacionales y críticas adicionales
El presidente Bukele ha defendido la ley comparándola con la Foreign Agents Registration Act (FARA) de Estados Unidos. Sin embargo, críticos señalan que la comparación es engañosa, ya que la ley salvadoreña impone restricciones y sanciones más severas, y carece de las salvaguardas legales presentes en la legislación estadounidense .
Organizaciones como Transparencia Internacional han calificado la ley como un intento flagrante de controlar y limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, y han instado a la Asamblea Legislativa a rechazarla .
La nueva ley de agentes extranjeros en El Salvador representa un paso más en la consolidación del poder por parte del presidente Bukele y plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país. La comunidad internacional observa con atención y preocupación las implicaciones de esta legislación en el espacio cívico salvadoreño.
