Jueza detiene prohibición de matrícula a extranjeros en Harvard
Massachusetts (EE.UU.). En una contundente decisión judicial, un tribunal federal de Massachusetts ha suspendido este viernes la orden emitida por la Administración Trump que prohibía la inscripción de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard. La medida fue paralizada pocas horas después de que la institución académica presentara una moción urgente contra la disposición federal.
La jueza Allison Burroughs, encargada del caso, falló a favor de Harvard, dando un duro revés al intento del expresidente de castigar a la universidad en el marco de una escalada de tensiones que ha venido intensificándose. Según medios estadounidenses como la CNN, esta no es la primera vez que Burroughs se enfrenta a decisiones ejecutivas de Trump: actualmente también delibera sobre otra demanda de Harvard relacionada con el congelamiento de fondos federales por un valor estimado de 2.500 millones de euros.
La orden ahora suspendida había sido anunciada el jueves por la Casa Blanca, bajo el argumento de que Harvard se ha convertido en “un caldo de cultivo de antisemitismo y conductas proterroristas”, aludiendo a las recientes protestas estudiantiles en apoyo a la causa palestina durante el conflicto en Gaza. Esta narrativa ha sido duramente criticada por académicos, defensores de derechos civiles y organizaciones estudiantiles, que la califican como un ataque directo a la libertad académica y a la diversidad universitaria.
Harvard, por su parte, defendió en su moción el principio de inclusión y su papel como institución global que acoge a estudiantes de todo el mundo, independientemente de su nacionalidad o posición política. Argumentó que la medida no solo vulnera derechos constitucionales, sino que también compromete el prestigio académico internacional de la universidad.
La decisión judicial ha sido celebrada por diversos sectores de la comunidad educativa y de derechos civiles, quienes la ven como una victoria significativa frente a lo que consideran un uso excesivo del poder ejecutivo para reprimir el pensamiento crítico en los campus universitarios.
Mientras tanto, se espera que la Administración Trump intente apelar la decisión o emita nuevas directrices, lo que podría mantener este enfrentamiento legal activo durante las próximas semanas. El caso se ha convertido en un nuevo símbolo de las tensiones entre el expresidente y las instituciones académicas, en un contexto político y social marcado por divisiones profundas sobre el papel de la universidad en los debates contemporáneos.
