Ministerio Público: jueza redujo multas sin oír argumentos del órgano acusador
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público lanzó una fuerte acusación contra la jueza interina Katherine Rubio, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, alegando que mostró parcialidad a favor de los condenados por el escandaloso fraude que desmanteló al desaparecido Banco Peravia y dejó a cientos de ahorristas en la ruina.
La fiscal Andry De Los Santos, titular de la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPREC), afirmó que la magistrada emitió una decisión administrativa que redujo las multas impuestas a los condenados una semana antes de celebrarse la audiencia formal, lo que motivó una recusación inmediata por parte del Ministerio Público.
“Es inadmisible que una jueza tome decisiones de fondo antes de escuchar en audiencia a las partes. Se trata de un caso de alto perfil, con condenas firmes y víctimas esperando justicia”, enfatizó De Los Santos.
Condenas definitivas y decisiones cuestionadas sin presencia del MP
Los condenados favorecidos por esta polémica medida son Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez y Paucides Donato Morales Rodríguez, todos sentenciados por delitos graves como estafa, falsedad, asociación de malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiera (183-02).
La jueza Rubio firmó el Auto de reducción de multas el pasado 16 de mayo, siete días antes de la audiencia del 22 de mayo, sin haber escuchado al Ministerio Público, lo cual —según el órgano acusador— representa una violación al principio de contradicción y debido proceso.
Entre las penas dictadas por la Suprema Corte de Justicia, ya convertidas en definitivas, figuran:
- Nelson Serret Sugrañez: 7 años de prisión y RD$2 millones en multa.
- Yesenia Serret Aponte: 7 años de prisión y RD$2 millones en multa.
- Jorge y Carlos Alberto Serret Sugrañez: 3 años de prisión cada uno y RD$1 millón en multa.
La justicia debe responder por los derechos de las víctimas defraudadas
El Ministerio Público sostiene que estas decisiones administrativas afectan gravemente la credibilidad del sistema judicial y ponen en riesgo la confianza pública en la ejecución de sentencias condenatorias.
“Las víctimas del fraude del Banco Peravia siguen esperando justicia. Este tipo de maniobras solo beneficia a los condenados y retraumatiza a los afectados”, sostuvo la fiscal De Los Santos.
Desde UCAPREC se informó que la captura de los sentenciados se ejecutó conforme al mandato de la Suprema Corte, pero se insistió en que el Poder Judicial debe actuar con total transparencia en la fase de ejecución de la pena, respetando tanto los derechos de los acusados como la voz de las víctimas y del Estado.
Mientras tanto, la recusación contra la jueza Rubio está en proceso de evaluación y la opinión pública observa con atención este nuevo capítulo de un caso que, años después, sigue levantando olas de indignación.
