Las víctimas fueron quemadas tras ser asesinadas en Navarrete
SANTIAGO, República Dominicana. — El Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 20 años de prisión a Fernando Fernández Pérez, hallado cómplice en el asesinato de dos jóvenes, cuyos cuerpos fueron posteriormente calcinados y abandonados en una zona boscosa. El crimen, ocurrido en agosto de 2022, conmocionó a las provincias de Santiago y Puerto Plata.
Las víctimas, Olenny de Jesús Luna Disla (Ole), de 23 años, y Estefan Rafael Domínguez Hidalgo (Yaqui), de 29, se dedicaban a la venta de números de lotería mediante máquinas electrónicas.
Ambos fueron asesinados en una vivienda del sector San José, en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), y trasladados en una yipeta alquilada hasta El Mamey, Los Hidalgos, donde fueron quemados para borrar evidencias.
El acusado alquiló el vehículo usado en el crimen
Según la acusación, Fernández Pérez alquiló el 8 de agosto —un día antes del asesinato— una yipeta blanca marca Ford, utilizada para mover los cuerpos sin vida. Las víctimas fueron vistas por última vez a bordo de una motocicleta rumbo a la casa donde fueron ejecutadas.
La fiscal Yarily Toribio, representante del Ministerio Público, demostró en el juicio que el acusado prestó asistencia directa para cometer el crimen. Además, las pruebas forenses recolectadas en la vivienda incluían rastros de sangre en diversos espacios, como una sábana, la sala, el baño y los barrotes de entrada.
La escena reveló violencia extrema y detalles macabros
Durante la investigación, la Fiscalía encontró en el interior de la vivienda cuatro rollos de papel para verifone, un trozo de alambre dulce de unos 15 pies, y restos de sangre. En el cuerpo calcinado de Luna Disla, la autopsia identificó parte del alambre atado al cuello, confirmando que fue estrangulado mecánicamente.
En el caso de Domínguez Hidalgo, murió producto de un disparo en la cabeza. Ambos crímenes ocurrieron el 9 de agosto de 2022. El arresto de Fernández Pérez fue ejecutado el 18 de agosto, bajo la orden judicial número 609-01-2022 TAUT-01714.
La sentencia representa un paso firme contra la criminalidad organizada, y un mensaje claro de que la complicidad también conlleva responsabilidad penal cuando se trata de crímenes atroces como este.
