Denuncian irregularidades que violan reglas de transparencia internacional extractiva
SANTO DOMINGO. Organizaciones de la Sociedad Civil que integran la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD) han presentado formalmente una impugnación al proceso de contratación de una consultoría promovida por el Ministerio de Energía y Minas, denunciando que dicho procedimiento está plagado de irregularidades y contradice los principios de legalidad y transparencia que exige el estándar internacional.
La denuncia fue depositada en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) mediante un documento entregado personalmente al director de la entidad, Carlos Pimentel, por los representantes Fernando Peña, Ynes Rossó, Maritza Ruíz y Álvaro Caamaño, quienes expresaron públicamente su rechazo a lo que califican como una imposición arbitraria y antirreglamentaria.
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En la comunicación oficial, firmada por el Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva, se solicita la detención inmediata del proceso para que sea estudiado y corregido, evitando así que se consolide una acción que “debe promover confianza, credibilidad y legalidad” pero que, tal como está planteada, representa un grave retroceso.
Graves cuestionamientos
Los representantes de la Sociedad Civil denunciaron que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional, en lugar de actuar con imparcialidad, violó normas, estatutos y procedimientos al iniciar un proceso de contratación sin la aprobación de la mesa nacional y sin la debida participación del Grupo Multipartícipe, compuesto por organizaciones sociales, empresas mineras y el Estado.
Uno de los puntos más críticos señalados es que se facilitó una votación sin la presencia de la Sociedad Civil, en abierta violación de los lineamientos del estándar EITI. Esto, según los firmantes, concluyó en una decisión “ilegítima y contraria a la naturaleza democrática del espacio”.
Los delegados subrayaron que ni el Ministerio de Energía y Minas ni la Secretaría Ejecutiva tienen potestad para actuar en nombre de la Comisión Nacional sin haber convocado formalmente a sus miembros y sin agotar los procedimientos correspondientes. Por ello, hicieron un llamado a la DGCP para que intervenga y garantice que el proceso sea “subsanado y reencaminado conforme a la ley”.
Sociedad civil exige integridad, legalidad y rendición de cuentas
“Estamos dando testimonio de transparencia y coherencia”, afirmaron los voceros, al destacar que su posición contrasta con la actitud de otros sectores que “ocultan información de interés público” en un espacio que tiene como razón de ser precisamente la transparencia.
La delegación de la Sociedad Civil estuvo compuesta por representantes de importantes organizaciones sociales y académicas del país:
- Fernando Peña (Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva – ENTRE)
- Maritza Ruíz Escoto (Observatorio Dominicano de Políticas Públicas – ODPP-UASD)
- Ynes Rossó (Articulación Nacional Campesina)
- Santiago José (Fundación Vida y Salud)
- Bolívar Ureña (Comisión Nacional de los Derechos Humanos – CNDH)
- Euren Cuevas (Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente – ISAPROMA)
- Álvaro Caamaño (Participación Ciudadana)
- Carlos Peterson (Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente)
Estas entidades insisten en que la legalidad no puede ser sacrificada en nombre de la eficiencia ni en función de intereses particulares.
